- miércoles 01 de mayo del 2024
El caso "Palacio de Lois", un gran paso en la historia de la defensa judicial de los Derechos Humanos
En el año 1998, más precisamente el 9 de enero, se publicó en el Boletín Oficial el Decreto n° 8/98 firmado por el entonces Presidente Menem, que determinaba la demolición del predio de la ESMA y el traslado de sus instalaciones a la Base Naval de Puerto Belgrano.
Ese mismo día, Graciela Palacio de Lois y Laura Bonaparte de Bruschtein –ambas esposas de desaparecidos en la ESMA- iniciaron una acción de amparo en búsqueda de la declaración de inconstitucionalidad de la norma, invocando su derecho a preservar el lugar donde sus familiares estuvieron detenidos y habrían eventualmente fallecido, y la protección del patrimonio cultural.
El 22 de enero de ese año, la Justicia Contencioso Administrativo Federal admitió el pedido, estimando que el amparo debía prosperar en protección del derecho de esclarecer la verdad de lo sucedido en el edificio donde funcionó la Escuela de Mecánica de la Armada, y conocer así el destino de las personas desaparecidas en ese ámbito.
El juez federal de feria, Osvaldo Guglielmino, consideró indudable el derecho de las amparistas de "conocer el destino de sus familiares desaparecidos" y, en caso de haber fallecido, las circunstancias en que ello habría ocurrido y el destino de sus restos. "Aparece manifiesto su derecho (y el de la comunidad toda), a conocer la verdad histórica", derecho que podría haberse afectado en caso de concretarse la demolición del edificio en cuestión.
La Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la decisión de primera instancia, calificando como irrazonable el ejercicio que el Poder Ejecutivo Nacional efectuó de sus facultades discrecionales en el art. 3° del decreto impugnado, frente al interés de la sociedad en conservar valiosas pruebas relacionadas con su historia reciente.
Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el año 2001, ratificó aquella medida que impidió demoler el inmueble, señalando que el Ejecutivo descuidó su deber de “preservar bienes que pueden constituir pruebas valiosas, en relación a hechos de nuestra historia reciente aún no aclarados”.
