Rigen desde hoy las restricciones anunciadas por el presidente Alberto Fernández. El paquete de medidas busca mitigar el impacto de la segunda ola de covid-19. Los principales puntos.
Así lo hizo, al anular las condenas por corrupción al ex presidente Luiz Inacio “Lula” Da Silva, por incompetencia del Tribunal.
A través de un amparo presentado en la Justicia porteña, solicitaron que el Gobierno de la Ciudad garantice el derecho a la educación que se vería afectado por la sanción del DNU N°241/20 que estableció las clases virtuales por 15 días debido a la segunda ola de covid-19.
Se trata de una acción meramente declarativa, interpuesta ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Así lo dispuso Laura Monti al opinar que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene el mismo rango que las provincias en el sistema normativo que rige la jurisdicción de los tribunales federales.
Lo dispuso la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, al confirmar la resolución de primera instancia. El actor había acompañado la documentación en formato papel, pero no realizó la carga en el Sistema Lex 100.
Lo hizo bajo apercibimiento de iniciarle sumario y de interponer denuncia penal por atentar contra la salud pública. Las autoridades de la institución habían informado por distintos medios que continuarían con la presencialidad, pese a las medidas del Gobierno Nacional.
Se trata de Olga del Rosario Díaz, víctima de una tentativa de femicidio que había hecho numerosas denuncias contra su ex marido. Ahora aceptó las disculpas y pidió que las víctimas sean escuchadas para que eso no vuelva a sucederle a nadie.
El informe contiene diversos ítems de análisis, tales como trámites judiciales, teletrabajo, ingreso de causas y demás aristas vinculadas al funcionamiento durante la emergencia sanitaria.
El juez consideró que había agotado en exceso la pena de prisión perpetua impuesta en el año 1979, momento desde el cual se encontraba detenido de forma ininterrumpida.