- martes 30 de abril del 2024
Las demandas contra el decreto ya se cuentan por decenas en los tribunales del país. Hacemos una breve descripción de los diversos focos judiciales a observar.
Desde que se publicó en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, el pasado 21 de diciembre, la actualidad pública pasa por los debates en torno a esa norma que ya está en vigencia y produce importantes impactos en la vida de los argentinos.
Las modificaciones que el DNU introdujo sobre diversos sectores sociales y en diferentes campos normativos determinó la promoción de variadas acciones judiciales ante los tribunales del país que, a modo de panorama preliminar, ofreceremos en esta nota.
Los litigantes escogieron diferentes vías procesales en el cuestionamiento del Mega DNU entre las que se destacan la acción de amparo (en su mayoría) individual o colectivo, la acción declarativa de inconstitucionalidad, de certeza y hasta planteos de consumo contra prepagas. Además, en su inmensa mayoría, solicitaron medidas cautelares que suspendan total o parcialmente los efectos del referido decreto.
Los tribunales, entrado enero, recibieron planteos para habilitar la feria que en algunos casos rechazaron pero, mayormente en el fuero Contencioso Administrativo Federal, se ha decidido darle trámite y hoy ya contabilizan varios que están en pleno curso.
Vamos, de este modo, a mirar el mapeo inicial que el observador debe considerar en la judicialización sobre el Mega DNU.
Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Provincia de La Rioja, mediante su gobernador, Ricardo Quintela, demandó al Estado Nacional en competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por el dictado del mega DNU 70/23 de desregulación económica y solicitó una medida cautelar suspensiva. La presentación contó con el patrocinio letrado de los abogados E. Raúl Zaffaroni y Raúl Gustavo Ferreyra. Los detalles te los contamos en esta nota.
El máximo tribunal abrió un incidente, dio traslado a la Procuración del Tesoro de la Nación, pidió dictamen a la Procuración General de la Nación e informó que "estudiará las cuestiones sometidas a decisión luego del receso correspondiente a la próxima feria judicial del mes de enero".
También llegará a la Corte Suprema el expediente iniciado por la provincia de Misiones ante el Juzgado Federal de Posadas contra los cambios introducidos en el Instituto Nacional de la Yerba Mate. En ese caso, el juez federal de feria Gallandat Luzuriaga se declaró incompetente y consideró que el caso era de la competencia originaria del máximo tribunal.
La Justicia Nacional del Trabajo de la Capital Federal
Se registraron tres casos relevantes que obtuvieron medidas cautelares que frenan el tramo de modificaciones laborales que efectuó el decreto. Se trata de los casos de la Confederación General del Trabajo (CGT) -el primero en el que se decretó una medida suspensiva del DNU- , la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la Federación Única de Viajantes de Comercio de Argentina.
Las primeras medidas fueron dispuestas por la Sala de Feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, con una mayoría integrada por los jueces José Sudera y Andrea García Vior. La restante cautelar fue dictada por la jueza Silvia Garzini.
El Fuero Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal
Los tribunales donde se litiga contra el Estado Nacional en la Ciudad de Buenos Aires, naturalmente, son los que concentran la mayor cantidad de causas contra el DNU. Actualmente, en promedio, existen cuarenta causas en trámite en ese fuero federal.
La principal novedad aquí vino dada por la demanda del "Observatorio del Derecho a la Ciudad", en conjunto con los dirigentes Claudio Lozano y Hugo Godoy que, en los últimos días de diciembre del año pasaado, el juez Esteban Furnari había decidido tramitar como proceso colectivo con una gran extensión que operaba como imán de todas las otras causas que se plantearan contra el DNU y su ley regulatoria 26.122 a lo largo del país.
Sin embargo, entrada la feria, la causa quedó a cargo del juez Enrique Lavié Pico quien consideró que era formalmente inadmisible tramitar un proceso colectivo de ese alcance. Dijo que "no se encuentra definido de manera clara el colectivo involucrado, debido a la generalidad de la representación invocada por la Asociación actora y al carácter difuso de la presentación efectuada en la presente causa". Asimismo, agregó que: "tampoco se encuentra debidamente delimitado que el decreto atacado produzca un perjuicio por igual a todos los sujetos que se pretende representar, lo cual descarta la configuración de los recaudos necesarios para la procedencia formal de la acción colectiva intentada".
De tal modo, Lavié Pico "desarmó" el colectivo y, según la naturaleza del planteo, la causa debía recalar en cada fuero competente. En esa dirección, en otras causas individuales, por ejemplo, consideró que las impugnaciones a los cambios en los alquileres deben ir al Fuero Nacional Civil (Asociación Civil por un Hogar en Argentina e Inquilinos Agrupados) y que los planteos de salud, obras sociales como prepagas deben arribar al Fuero Civil y Comercial Federal (Sambro Merlo, entre otras).
La Federación Argentina de Municipios -que reúne a diversos intendentes y jefes comunales argentinos, en especial, los bonaerenses- también se presentó ante el fuero contencioso con un planteo general acerca de la inconstitucionalidad del Mega DNU y se habilitó la feria para su tratamiento.
Otro litigio es el que planteó Jorge Rizzo, ex presidente del Colegio de Abogados de la Capital Federal, con su asociación "Gente de Derecho" en el que impugnó el DNU. Allí el juez Lavié Pico le habilitó la feria judicial, ordenó producir el informe al Estado Nacional que -ayer mismo contestó- y ya se encuentra en condiciones de pronunciarse sobre la medida cautelar peticionada. Hoy mismo Rizzo insitió en el pedido que decreten la medida peticionada.
También el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez inició uno de los primeros expedientes contra la normativa. La causa, radicada originalmente en el juzgado de Walter Lara Correa, está en feria a cargo de Lavié Pico quien debe decidir si la tramita en enero.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) acudió con una demanda que cuestiona en duros términos el decreto de desregulación y solicitó una medida cautelar. También lo hizo la Asociación Argentina de Juristas. En ambos casos se habilitó la feria.
También la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) presentó una acción declarativa de inconstitucionalidad en la que denunció "mercantilización" de la salud y diversos puntos que perjudican a sus afiliados, como también, a pacientes. Solicitaron, además, el dictado de una medida cautelar que suspenda los efectos de los artículos del DNU que afectan sus ámbitos de acción (313 a 325).
Otro planteo sectorial lo hizo el Centro de Despachantes de Aduana de la República Argentina contra los cambios que hizo la norma en torno a su profesión. La Federación Argentina de Empresas de Viajes de Turismo también presentó demanda por los cambios en su campo de acción.
También hay casos contra los cambios respecto a los clubes de futbol, en cuanto el DNU habilita las sociedades anónimas deportivas, de socios de River Plate (Kiper) con habilitación de feria y de la Confederación Argentina de Deportes.
La Federación de Trabajadores de Prensa objetó la transformación de las Télam como también de Radio y Televisión Argentina, actuales sociedades del Estado, a sociedades anónimas.
Un planteo singular también fue efectuado como pedido de declaración de certeza (art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial) sobre la implicancia del DNU 70/2023 a la luz de la clásula contenida en el proyecto de Ley Omnibus en cuanto dispone "ratificar" el referido decreto (art. 654) lo que sostuvo una letrada genera dudas sobre la vigencia del mismo que pide a la Justicia despejar (Rodríguez Centenaro).
La discusión de competencia: Justicia del Trabajo o Contencioso Administrativo para asuntos laborales del Mega DNU
Una discusión paralela pero de notable importancia es la que entabló el Estado Nacional respecto al litigio de la CGT. Sostuvo la Procuración del Tesoro de la Nación (los abogados del Poder Ejecutivo) que ese caso se debe desarrollar en la Justicia Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires y, para ello, planteó un inhibitoria prevista en la ley 26.854. El juez contencioso Furnari -en el marco del proceso colectivo "Observatorio", entonces vigente- acordó razón al Estado y se dispuso a absorber ese litigio.
La Cámara del Trabajo, sin embargo, se declaró competente y decretó la cautelar en la causa de la CGT.
Posteriormente, como te contamos más arriba, el juez Lavié Pico desarmó aquel proceso colectivo y consideró inoficioso pronunciarse sobre el pedido del Estado Nacional para que ejecute la decisión de Furnari y le exija a la Justicia del Trabajo la remisión de aquél expediente.
Actualmente, la decisión de desarmar el proceso colectivo en "Observatorio" y la decisión en la inhibitoria (EN-Jefatura de Gabinete) se encuentran apelados por el Estado a consideración de la Sala de Feria de la Cámara Contencioso Administartivo Federal integrada por los jueces Sergio Fernández y Carlos Grecco. Hoy mismo ese tribunal tuvo presente los cuestionamientos de la CGT a la decisión que dispone enviar ese expediente al referido fuero.
El Fuero Civil y Comercial Federal de la Capital Federal: un proceso colectivo de salud y prepagas
Se trata de los tribunales porteños en donde, usualmente, se litiga asuntos de salud, obras sociales y prepagas. En esa línea, el planteo un asociado directo de Swiss Medical S.A (Wilson, Eduardo) como amparo colectivo motivó su inscripción como tal por parte del Juzgado Nº 3, a cargo de Juan Rafael Stinco, en el que detalló que tramitará las impugnaciones contra los artículos 267 y 269 que, al modificar la ley 26.682, deja al libre arbitrio de las empresas de medicina prepaga fija su valor. El juez sostuvo que el bien jurídico tutelado es el derecho a la Salud y la intervención de un organismo especializado en la determinación del precio.
Este litigio tiene gran importancia -como te contamos en esta nota- dado que tiene una certificación de clase y la orden del magistrado de inscribirlo en el Registro de Acciones Colectivas de la Corte Suprema.
Tal situación ya ha provocado que otros jueces federales remitan las causas por esta materia a esa sede judicial. Esto paso, por ejemplo, en una causa de una mujer que tramitaba en el fuero Contencioso (Villalba) y también en la causa que un magistrado bonaerense había iniciado ante el Juzgado de Lomas de Zamora.
Cabe aclarar que ese litigio colectivo "Wilson", como dejó señalado el juez Stinco, “…no comprende el control judicial sobre la legitimidad y razonabilidad de los eventuales incrementos particulares de los precios o cuotas correspondientes a los servicios de salud que prestan las empresas de medicina prepaga...”.
Sin embargo, el juzgado del proceso colectivo no habilitó la feria judicial para tramitar el caso en enero y la Cámara de Apelaciones confirmó esa decisión. Fundaron su argumento en que los usuarios de las prepagas pueden tener hasta tres meses de mora, lo que permite que el planteo sea considerado en febrero sin riesgos para la salud de las personas.
También existe, en ese fuero, diversos planteos individuales en torno a los cambios que afectan el derecho a la salud (Palacios Mauro y Campos Héctor, entre otros).
La Justicia Federal con asiento en las provincias
La inmensa extensión de nuestro país -octavo en el mundo en territorio- hace que muchas personas afectadas por la normativa nacional concurran a sus tribunales federales cercanos para llevar sus pretensiones en planteos.
Es así como los litigios contra el DNU se desperdigan también a lo largo de la Argentina ante los Juzgados Federal con asiento en las provincias y, en esa dirección, ya ha varias causas y por diversos temas en particular.
La muestra exhibe que la derogación de la Ley de Tierras fue cuestionada ante el Juzgado Federal de Neuquén (Asociación Árbol de Pie) y ante el Juzgado Federal de la capital bonaerense por los ex veteranos de Malvinas (CECIM La Plata). La desregulación fue impugnada por el Centro de Comerciantes de Olavarría en el Juzgado Federal de Azul y el Centro de Empleados de Comercio de Río Grande ante el juzgado de esa ciudad fueguina, los cambios que afectan a las relaciones de consumidores y usuarios fueron objetados por la Asociación Civil Defendete en Mar del Plata, las cuestiones de prepagas ante el Juzgado Federal de San Nicolás (Minotti), los recortes sindicales y laborales por la Central de Trabajadores Argentinos Autónoma en La Plata.
El Municipio de La Rioja, a su vez y a través del fiscal de esa comuna, acudió ante el Juzgado Federal de esa ciudad con un amparo contra el decreto.
La Asociación de Trabajadores de la Educación del Neuquén inició un amparo en el Juzgado Federal N° 1 de esa capital patagónica.
La Defensoría del Pueblo bonarense acudió, también, a los tribunales federales de La Plata para cuestionar el DNU. Pese a la primera remisión al proceso colectivo del Contencioso -luego desarmado por el juez Lavié Pico- volvió a la jurisdicción bonaerense.
También existen planteos de ciudadanos que cuestionaron la totalidad del DNU, por ejemplo, en la Justicia Federal de Resistencia (Mongeló y Meza), Lomas de Zamora (Crespo Armengol), Mar del Plata (Carrica), Concepción del Uruguay (Hartwing) y San Juan (Yossa Aguilar).
Hasta aquí un breve panorama, al 11 de enero a la mañana, de los litigios contra el Mega DNU en el país que diariamente se incrementan.
