El 16 de noviembre de 2009 el órgano judicial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) examinó la situación estructural de violencia contra las mujeres basada en su género y sentó un importante precedente. Fue en el marco de tres feminicidios ocurridos en Ciudad Juárez, México.
Surgió a raíz de una acción de amparo presentada por una mujer ante la imposibilidad de acceder al puesto de chofer, pese a cumplir con los requisitos de idoneidad requeridos.
A cinco años de la primera marcha en la que se le reclamó al Estado medidas para frenar los femicidios, una compilación del marco normativo vigente.
Así se lo consideró en el marco de una denuncia por violencia familiar por la que el denunciado debía cesar todo acto de perturbación para con su ex mujer.
Los magistrados consideraron que la voluntad de la mujer estaba viciada debido a que cuando firmó el convenio era víctima de una situación de violencia psicológica instalada.
El objetivo es contribuir a la labor de las y los operadores de la justicia en la detección, persecución y litigio estratégico con perspectiva de género.
La resolución dispuso la ampliación del plazo de las medidas de protección judicialmente decretadas y abarca también las situaciones de restricción a la capacidad o adultos mayores.
El femicidio de Úrsula Bahillo puso en evidencia distintas deficiencias estatales para dar respuesta a esta problemática. En ese contexto, cabe recordar esta decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que marcó un antes y un después en la responsabilidad de los Estados para prevenir, investigar y juzgar con perspectiva de género.
En un caso de evidente violencia de un hombre en virtud de la condición de mujer, el ex ministro Eduardo de Lázzari, analiza uno a uno los diferentes estereotipos de género que de allí se desprenden.
También se incluyen las medidas cautelares o de protección judicialmente decretadas por restricción a la capacidad o adultos mayores, todas prorrogadas hasta el próximo 5 de abril
Se trata de Olga del Rosario Díaz, víctima de una tentativa de femicidio que había hecho numerosas denuncias contra su ex marido. Ahora aceptó las disculpas y pidió que las víctimas sean escuchadas para que eso no vuelva a sucederle a nadie.
La Corte Suprema entendió que solo con la celebración de la etapa de juicio se cumple con el "acceso efectivos" al proceso que garantice las obligaciones internacionales de prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género.
El programa prevé un apoyo económico de entre 500 mil pesos y 1,5 millones de pesos a los proyectos productivos de mujeres y LGTBI+ que atraviesen violencia de género.
Se comprobó que el imputado había amenazado de muerte a su progenitora con el objeto de que le diera dinero, manifestó que mataría a sus nietos y que dañaría la vivienda que incluso compartían entre ellos.
La ley 10.753 fue sancionada por la Legislatura provincial el pasado 21 de abril.
La medida se fundó en los reiterados incumplimientos del padre de un menor. Además de considerar el interés superior del niño, la jueza estimó que se ejercía violencia económica contra la madre.
Se trata de Julio César Castro, a quien se lo encontró responsable de distintos hechos de violencia cometidos contra empleadas y empleados judiciales, sumado a una condena por abuso sexual contra una ex pareja.
A través de la Ley 26.811, sancionada en el año 2013, el Congreso de la Nación declaró al 8 de mayo como el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional.
El Boletín recopila fallos paradigmáticos relativos a los estándares de valoración probatoria en casos de violencia de género por considerarlo uno de los aspectos que suscita mayores discusiones en los litigios, debido a que los hechos suelen ocurrir en ámbitos íntimos sin la interposición de terceros.
Un jurado popular de Tunuyán -Valle de Uco- consideró culpable al ex legislador radical, Leonardo Hisa, por el delito de instigación al femicidio por precio o promesa remuneratoria de quien en vida fuera su ex pareja, Norma Carleti, al entender que planeó el homicidio realizando un encargo por 300 mil pesos y una camioneta, en el marco de su divorcio.
Lo hizo en un caso de femicidio, donde la defensa cuestionó la aplicación del agravante, por considerar que no había "unión convivencial" en los términos del derecho civil.
El dossier engloba fallos que versan sobre la vigencia de la acción penal, la valoración probatoria, el respeto a la diversidad sexual, la suspensión de juicio a prueba y las alternativas a la disponibilidad de la acción.
Así lo sostuvo la Sala Penal del Tribunal Supremo español en el marco de un caso en el que un hombre contactó mediante la aplicación Tuenti a una menor de edad para, luego de mantener conversaciones, enviarle imágenes íntimas y solicitarle lo mismo, la amenazara ante su negativa con que al contar con dichas fotografías en su dispositivo celular, podría demandarla a ella y a sus padres.
Frente a un caso de ejercicio de violencia física y psicológica de un hombre hacia su pareja mujer, la Corte descartó la argumentación del Tribunal de Casación, por basarse en prejuicios de género y desatender el derecho de la mujer a ser valorada y liberada de patrones estereotipantes.
La Cámara Nacional de Casación confirmó la condena a 6 años y 6 meses de prisión contra el ex titular de la Fiscalía n° 13 ante los Tribunales Orales Criminales y Correccionales, por la comisión de los delitos de abuso sexual con acceso carnal reiterado en dos oportunidades y lesiones leves contra quien, en ese entonces, era su pareja, en un claro contexto de violencia de género.
Se trata del caso de Vicky Hernández, una mujer trans trabajadora sexual y reconocida activista por los derechos de las personas LGBTI en el colectivo "Unidad Color Rosas", que fue asesinada en Honduras durante el toque de queda dispuesto por el golpe de Estado ocurrido en junio de 2009.
Devolvió los autos al tribunal que había dictado esa sentencia, para que dicte una nueva, ajustada a derecho.
Una decisión tomada sobre una obligada perspectiva de género.
La Cámara Nacional Civil condenó a un hombre que durante años ejerció violencia de género contra su pareja.
Así lo decidió al considerar que la ejecución extrajudicial de dos sujetos por parte de agentes policiales se basó en razones de discriminación por edad y condición socioeconómica.
Un comentario a la decisión de un tribunal federal de Neuquén que absolvió a una mujer por su situación de vulnerabilidad y el aprovechamiento que hubo por parte de una organización criminal vinculada al narcotráfico.
Hizo lugar al recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal por la errónea valoración de la prueba enmarcado en un contexto de violencia de género
El tribunal consideró que 4 años de prisión por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización resultaba excesivo para el caso de acuerdo a la situación personal de la imputada.
Un Tribunal condenó a un hombre por el femicidio de su pareja y el abuso sexual de su cuñada, y resaltó el principio de amplitud probatoria y su valoración conforme a la Ley de Protección Integral a las Mujeres.
En esta oportunidad, la UFEM seleccionó pronunciamientos referidos al deber de prevención de los Estados en materia de violencia de género y las obligaciones específicas para los sistemas de justicia.
Su elaboración estuvo a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas del Ministerio Público Fiscal de la Nación
Un tribunal cordobés consideró que el padre no solo era responsable por los reiterados abusos sexuales hacia su hija, sino que el suicidio fue originado por los daños psíquicos que le produjeron esos hechos.
El tribunal consideró que debía priorizarse la especialidad que rige en materia penal juvenil y la intención de las partes en la recomposición del conflicto.
Un resumen de las decisiones judiciales, las medidas legislativas y los actos del Poder Ejecutivo más destacados en los últimos días
La decisión de la Justicia Nacional dejó sin efecto la medida cautelar solo respecto del varón y entendió que no se tuvo en cuenta el desequilibrio de poder existente entre la denunciante y el denunciado.
La medida apunta a promover ámbitos y relaciones laborales libres de violencias y discriminaciones por motivos de género.
Se trata del cuerpo creado por la Ley 27.210 con la misión de garantizar el acceso a la justicia de las personas víctimas de violencia de género.
La fecha conmemora el asesinato de las tres hermanas Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana. Un breve análisis de la normativa internacional y nacional en materia de género.
En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el organismo difundió datos estadísticos sobre sus intervenciones. Asimismo, destacó que quienes acudieron a la oficina, recibieron una medida de protección en un plazo menor a 24 horas.
El Canal Prioritario se trata de una herramienta que ofrece una respuesta rápida ante la violencia digital. Es una vía excepcional, que acelera el reclamo individual frente a las empresas de tecnología y permite a las autoridades administrativas tomar medidas urgentes.
El objetivo es agilizar la adopción de las medidas más urgentes. Se incorporará gradualmente en las comisarías de la provincia
Lo hizo al compartir los argumentos del Procurador General, que cuestionó la interpretación que en primera y segunda instancia hicieron acerca de la confiabilidad del testimonio de la víctima, a partir de las diferencias en sus declaraciones acerca de la cantidad de veces en que fue abusada.
En el marco del Día Internacional de la Mujer, y en conmemoración de la primera marcha "Ni una meno", se presentó un compendio que reúne jurisprudencia sobre delitos que incluyen violencia de género, desde el año 2015 al 2021.
Se trata del informe anual correspondiente al año 2021 realizado por la Oficina de Violencia Doméstica de la CSJN.
Así lo ratificó la justicia salteña, al rechazar un pedido de declinatoria por parte de un Arzobispo que ejercía violencia de género.
Surgió a raíz de una acción de amparo presentada por una mujer ante la imposibilidad de acceder al puesto de chofer, pese a cumplir con los requisitos de idoneidad requeridos.
La Corte bonaerense confirmó una condena a prisión perpetua por femicidio no íntimo.
El fallo confirmó la decisión que admitió la demanda por despido, violencia laboral, maltrato y discriminación sufridos por una mujer empleada en un local de hamburguesas de la ciudad de Buenos Aires.
Así lo dispuso la Sala C del Superior Tribunal de Justicia de La Pampa. Los magistrados destacaron que en los casos de violencia contra las mujeres resulta improcedente la pretendida separación de las esferas pública y privada que había planteado el demandante.
Un repaso por las decisiones judiciales, las medidas legislativas y los actos del Poder Ejecutivo más destacados en los últimos días.
Un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.
El juez federal Javier Pico Terrero ordenó que se eliminen las vinculaciones que aparezcan como resultado del nombre de la actriz en el buscador respecto de sitios de contenido pornográfico que exhiban fragmentos de su labor como actriz en la obra teatral "Sexs".
En un caso generado por un conflicto intrasindical, ordenaron la capacitación en materia de género al secretario adjunto del gremio y restringieron el acercamiento a la secretaria general, quien recibió violencia verbal y psicológica de su parte
La Justicia Federal remarcó que el Poder Ejecutivo puede clausurar estadios, pero que la competencia para fijar prohibiciones de concurrencia es de los jueces penales.
La modificación legal establece la ampliación de cobertura para la totalidad de los planes de cobertura tanto de obras sociales como prepagas.
Se trata de la Ley N°27.696 que prevé la cobertura de todas las terapias médicas, psicológicas, psiquiátricas, farmacológicas, quirúrgicas, y toda otra atención que resulte necesaria o pertinente.
La iniciativa persigue otorgar un beneficio graciable, mensual y vitalicio para las personas mayores de 40 años que hayan sido detenidas, sancionadas o multadas por causas relacionadas con su identidad de género. Conocé los detalles.
La empleada había sufrido constantes malos tratos por parte de su jefe y tras la sentencia adversa en primera instancia la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo emitió un fallo aplicando perspectiva de género.
La imputada le había manifestado a la policía que su empleador había intentado abusarla, pero la defensa pidió excluir ese testimonio como prueba para que no se autoincrimine. La Corte entendió que omitir valorar ese testimonio fue arbitrario y que además se prescindió de considerar la situación de violencia de género y de discapacidad de la imputada.
Así lo ordenó la jueza provincial Andrea Mariel Brunetti. También, le impidió la salida del país y ordenó que se suspenda su licencia de conducir. La magistrada consideró que el incumplimiento trae aparejados actos de violencia económica y patrimonial, porque recarga el costo y tiempo de la crianza exclusivamente en la progenitora.
Una decisión de la Justicia de Santa Fe dispuso otorgarla en favor de una víctima de violencia de género tras el cese de la unión convivencial con su agresor.
Está dirigida a profesionales de la abogacía, medicina, psicología y trabajo social. La fecha de inscripción es del 17 al 23 de abril.
Surgió a raíz de una acción de amparo presentada por una mujer ante la imposibilidad de acceder al puesto de chofer, pese a cumplir con los requisitos de idoneidad requeridos
Los datos surgen del documento elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia. La Justicia argentina registró en promedio un femicidio cada 35 horas. Conocé más datos del informe.
Se trata de una iniciativa que persigue la modificación de la Ley 26.485 de protección integral a las mujeres con el objeto de proteger su desenvolvimiento y permanencia en el espacio digital.
Una reseña sobre la reciente media sanción del proyecto por la cámara baja nacional.
Lo hizo el Ejecutivo Nacional mediante el decreto 409/2023 con el objetivo de "incorporar al Programa Médico Obligatorio un protocolo para el abordaje integral de personas víctimas de violencia de género a través de la cobertura total".
Se trata de un caso de una mujer que fue dejada sola a la hora del parto y cuyo bebé cayó al suelo.
La Corte Suprema entendió que solo con la celebración de la etapa de juicio se cumple con el "acceso efectivo" al proceso que garantice las obligaciones internacionales de prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género.
El Gobierno Nacional le transfirió funciones desde el Ministerio de Capital Humano. Asumirá la competencia en torno a la gestión en materia de prevención y erradicación de violencia de género.
Se trató de una cirugía mamaria que derivó en múltiples padecimientos físicos y estéticos de la paciente.
La cifra es superior al 2022, cuando se contabilizaron 226 casos. Los datos surgen del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA). Accedé al informe.
La norma reconoce el derecho a cobrar una suma mensual, y a contar con cobertura de salud, para las personas menores de 21 años cuya cuya madre, padre o progenitor afín murió a causa de violencia de género o de violencia dentro de la familia.
Así lo resolvió el Juzgado de Paz de General Lamadrid, en el marco de una causa por violencia contra una joven. La resolución judicial hace referencia a la “Ley Olimpia”.
La pretensión exige que el Poder Ejecutivo de "certezas sobre cómo se cumplirán las obligaciones legales para prevenir la violencia contra las mujeres".
Lo decidió el juez Julián Ercolini en una causa iniciada por una denuncia de su ex pareja, Fabiola Yañez. El magistrado impuso la prohibición de acercamiento y cese de intimidación de Fernández hacia Yañez, y la prohibición de salida del país del ex mandatario.
El Gobierno disminuyó el plazo de la prestación económica de 6 a 3 meses y sumó el requisito de acreditar una denuncia judicial o policial previa para acceder al cobro.
Así lo dispuso el Juzgado Federal N°2 de Mendoza, luego de hacer lugar a la demanda por daños y perjuicios iniciada por una mujer que trabajaba en el Ejército Argentino contra su superior jerárquico en el trabajo.
La decisión subrayó la falta de nexo causal entre los videos publicados por "La Faraona" y las agresiones sufridas. De tal modo, se indicó que sólo son resarcibles los daños que sean consecuencia inmediata y previsible de una acción.
La justicia de Corrientes hizo lugar al pedido indemnizatorio como consecuencia de la violencia de género sufrida por la actora en una relación de noviazgo mantenida con el demandado.