Su objetivo persiste en la cooperación jurídica internacional contra la narcocriminalidad, la trata de personas, los delitos económicos y la corrupción
Así lo estableció un tribunal federal de Salta, ante el pedido de la recientemente creada Defensoría Pública de Víctimas de esa provincia. En lugar de decomisar el dinero secuestrado, se ordenó su distribución en partes iguales a las nueve víctimas del delito.
Se trata de una recopilación de sentencias de la Cámara Federal de Casación Penal y otros tribunales realizada por el Ministerio Público Fiscal de la Nación.
Su elaboración estuvo a cargo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas quien realizó la presentación el 23 de septiembre en el marco del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas.
La investigación había sido iniciada a raíz de una denuncia de una funcionaria de la Municipalidad de La Plata. El juez Alejo Ramos Padilla concluyó que no se probó la comisión de delito alguno.
El monto fue fijado en más de 44 millones de pesos, luego de la solicitud realizada por la Defensoría de Víctimas para cumplir con la reparación integral a una mujer que fue explotada sexual y laboralmente durante 5 años.
Así lo resolvió la Justicia Federal, que dispuso el pago de una indemnización para reparación de las víctimas, a quienes les habían usufructuado el cobro de su pensión por discapacidad.