Fue a través del Decreto 56/2020 publicado el día de hoy en el Boletín Oficial
Se trata de una suma de $5000 a abonarse con los haberes del mes de abril
Se cuestionaban las transferencias de datos personales recolectados en la época de pandemia por la supuesta falta de consentimiento de los usuarios.
El antecedente judicial más importante de tenencia de estupefacientes para consumo personal desde la reforma constitucional de 1994
Así lo dictaminó la Procuración General en el marco de una causa donde ANSES cedió datos de ciudadanos para que el Poder Ejecutivo lleve adelante acciones de comunicación.
El Régimen Legal del Contrato de Teletrabajo entró en vigencia el 1° de abril. Su aplicación quedó suspendida para el personal que pasó a home office durante la pandemia y se aplicará para quienes realizaban trabajo remoto desde antes de marzo de 2020.
Un juzgado porteño hizo lugar parcialmente a una medida cautelar presentada por la Asociación de Trabajadores del Estado.
La normativa se basa en las nuevas directivas del Parlamento Europeo, tendientes a elevar el nivel de protección de los derechos de la ciudadanía respecto a sus datos personales.
Una decisión de la Cámara Contencioso Administrativo de La Plata que admitió el planteo de una asociación civil.
El juez Walter Lara Correa consideró que es la ANSES y no el Ministerio de Desarrollo Social la encargada de informar los datos personales de los beneficiarios. Sin embargo, aclaró que ello no implica que esa información pueda estar exceptuada de su divulgación por contener datos personales o sensibles.
El antecedente judicial más importante de tenencia de estupefacientes para consumo personal desde la reforma constitucional de 1994
El antecedente judicial más importante de tenencia de estupefacientes para consumo personal desde la reforma constitucional de 1994
Por mayoría, el máximo tribunal declaró inadmisible el recurso extraordinario que cuestionaba la constitucionalidad de la condena. En disidencia, los jueces Rosenkrantz y Lorenzetti consideraron que se trataba de una acción realizada en el ámbito privado de la persona que no es punible.
La Agencia de Acceso a la Información Pública consideró que el grupo no tomó las medidas técnicas y organizativas que garantizaran el principio de seguridad de la información, luego de haber sufrido un ataque contra su sistema informático.
Los magistrados coincidieron en afirmar que la ley que fijó el aporte inicial supera el test de constitucionalidad, pero descartaron la validez del DNU que aumentó su porcentaje.
La Cámara alta también aprobó la emergencia que evita desalojos de tierras indígenas
La regularización en los pagos podrá hacerse en tres cuotas y con una tasa de financiación
El Canal Prioritario se trata de una herramienta que ofrece una respuesta rápida ante la violencia digital. Es una vía excepcional, que acelera el reclamo individual frente a las empresas de tecnología y permite a las autoridades administrativas tomar medidas urgentes.
La sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal consideró que la figura de "locación de servicios" extendida en el tiempo ocultaba una relación de dependencia.
Un resumen de las decisiones judiciales, las medidas legislativas y los actos del Poder Ejecutivo más destacados en los últimos días
La acción civil fue presentada, y en esta oportunidad enmendada, por la Comisión Federal de Comercio de EE. UU. acusando al grupo Facebook de poseer el monopolio de las redes sociales digitales e impedir ilegalmente la participación de competidores en el mismo rubro, atentando contra la libertad de comercio. La moción de la demandada fue desestimada.
Así lo decidió la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. La sentencia, firmada por Gabriela Alejandra Vázquez y Enrique Catani, contempla la perspectiva de género y destaca que "las trabajadoras de casas particulares constituyen el colectivo laboral más feminizado".
Una decisión judicial ordenó rectificar publicaciones oficiales que identificaban y denominaban "patota" a un grupo de trabajadores sindicalizados que realizaron una acción gremial.
La jueza federal Macarena Marra Giménez admitió tramitar un amparo colectivo promovido por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la CABA contra la AFIP. Asimismo, dictó una medida interina para suspender el vencimiento del plazo de presentación, que estaba previsto para los días 23 a 27 de junio.
La cautelar fue solicitada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires. Luego de adoptar una medida interina esta misma semana, la jueza federal Marra Giménez hizo lugar a la cautelar que suspende el vencimiento para la presentación y pago de los impuestos.
Se cumplen 36 años del precedente de la Corte que consideró la inconstitucionalidad de la penalización por la tenencia de estupefacientes para consumo personal, ello en virtud de ser una acción privada exenta de la autoridad de los magistrados
La decisión se apoya en el precedente "Arriolas" y remarca que se trata de una acción realizada en el ámbito privado sin perjuicio a terceros que se encuentra protegida por el artículo 19 de la Constitución Nacional.
En el marco del Procedimiento de Elaboración Participativa de Normas, que se oficializó con la Resolución 119/2022.
Un repaso por las decisiones judiciales, las medidas legislativas y los actos del Poder Ejecutivo más destacados en los últimos días.
La fecha fue elegida en función de que el 28 de enero del año 1981 se firmó el Convenio 108 con el fin de resguardar el derecho a la privacidad.
El tribunal instó al Estado mexicano a dejar sin efecto el instituto pre-procesal del "arraigos" y a adaptar la regulación de la prisión preventiva.
La policía había encontrado las plantas luego de ingresar a la casa del cultivador por un robo en su vivienda. A pesar de sobreseerlo, la jueza ordenó el decomiso de los elementos de cultivo y su donación al INTA. Ahora la Cámara decidió revocarlo por entender que ello importaba una violación al derecho de propiedad.
Fue en el marco del Simposio sobre Privacidad que se celebró en Venecia, convirtiéndose así en el 23° Estado en aceptar el Protocolo Modificatorio del Convenio.
El antecedente judicial más importante de tenencia de estupefacientes para consumo personal desde la reforma constitucional de 1994
Mediante la Resolución 1205/2023, la Defensoría General de la Nación convocó a personal Técnico Jurídico para desempeñarse en las localidades de Gral. Roca, Viedma, Neuquén, Zapala y Bariloche. La fecha límite es el 15/9.
Uno de los académicos más trascendentes del derecho administrativo argentino cuya obra sigue vigente.
No hizo lugar a la queja interpuesta por AFIP contra la resolución de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico que había confirmado la resolución de primera instancia, donde se había rechazado el requerimiento fiscal de instrucción por no constituir delito el hecho atribuido a Susana Giménez.
Las provincias a cubrir cargos son: Neuquén, Misiones, Buenos Aires, Santa Fe, Ushuaia, Río Negro y Santa Cruz. La inscripción se realizará de manera virtual exclusivamente a través de la plataforma web del organismo.
Será hasta el 31 de mayo inclusive para disminuir las alíocutas aplicables de bienes situados en el exterior.
La Resolución 188/2024 publicada este martes establece la jubilación mínima en $206.931,10. También se actualizaron los valores a partir de mayo del Personal de Casas Particulares.
Los jueces, en el mismo sentido que una decisión administrativa que así lo estableció, contemplaron que la referida información en la actualidad no cumple una función necesaria.
Esta madrugada la Cámara baja convirtió en ley los proyectos, registrando 147 votos positivos, 107 negativos y 2 abstenciones. Principales puntos: impuesto a las Ganancias, disminución de Bienes Personales, privatizaciones, y facultades delegadas. Resta la promulgación del Poder Ejecutivo para culminar el trámite normativo.
El nuevo sistema establece que las personas que se encuentren en esta circunstancia deben estar a disposición durante su horario laboral en el caso que se le solicite alguna tarea puntual.
Se cumplieron 15 años del antecedente judicial más importante de tenencia de estupefacientes para consumo personal desde la reforma constitucional de 1994.