La Cámara Federal de Casación Penal consideró que los imputados obraron creyendo que sus conductas estaban permitidas por la ley 27.350 de investigación médica y científica del uso medicinal del cannabis, sin saber que debían esperar a que el Estado regule los mecanismos para acceder a las semillas por medios lícitos.
El Máximo Tribunal consideró que el Superior Tribunal de Córdoba se entrometió en cuestiones de política criminal reservadas al Poder Legislativo. Se trata del primer fallo con un voto desarrollado por el juez en comisión Manuel García Mansilla, quien resaltó que una posible inconstitucionalidad debe basarse en que esa escala sea manifiestamente irrazonable y desproporcionada.