Así lo resolvió la Justicia, en el marco de una maniobra de phishing en la que no fue posible vincular al titular de la IP con la persona que efectivamente recibió el dinero producto de la estafa.
Frente a una maniobra fraudulenta de supuestos créditos bancarios, la justicia federal entendió que el Banco Nación debía cesar en debitar las sumas de dinero de las cuentas de las víctimas.