Un análisis de las atribuciones de la autoridad fiscal y su relación con las garantías constitucionales.
El máximo tribunal de la provincia se expresó en dos decisiones importantes acerca de la prescripción de la acción penal por el juzgamiento en un plazo irrazonable y afectaciones al non bis in idem y el debido proceso.
La Corte señaló que las garantías judiciales también deben respetarse en los procedimientos administrativos que puedan culminar con la desvinculación del cargo de una funcionaria pública.
El tribunal señaló que el Estado violó el derecho de defensa, el principio de inocencia y la libertad de expresión de un ex marino que fue condenado luego de denunciar públicamente la comisión de delitos por otros miembros de la Fuerza Naval.
Así lo entendió la justicia federal paranaense al considerar que las pruebas colectadas con posterioridad resultaron insuficientes para acreditar la validez de la requisa personal y vehicular sobre las personas denunciadas.
En el caso Pavez Pavez, la Corte Interamericana consideró que Chile es responsable internacionalmente por la discriminación que sufrió una mujer separada de su cargo como profesora religiosa por su orientación sexual.
Se trata del caso del subcomisario Jorge Gutiérrez, cuyo caso llegó en 2013 a la Corte Interamericana y motivó la reapertura del proceso. El juicio se celebra en la Cámara de Apelación y Garantías de La Plata.
La justicia bonaerense consideró que el vehículo poseía una falla de origen y que se incumplió con la garantía pos-venta acordada.
Argumentan que el DNU es inconstitucional ya que podría violar los derechos de los jubilados, al afectar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
Reducción de tres a dos años en el plazo mínimo de los contratos, posibilidad de actualizaciones cuatrimestrales y cambios en los índices para ajustar el precio, entre los principales cambios.
Contratos en pesos, con duración mínima de 3 años y posibilidad de actualizaciones cada 6 meses por índice salarial. Ahora Diputados deberá votar si insiste con su proyecto o acepta las modificaciones introducidas por la Cámara Alta.
Contratos en pesos, con duración mínima de 3 años y posibilidad de actualizaciones cada 6 meses por índice salarial, algunos de las nuevas previsiones que modifican la ley 27.551.