Una decisión de la Cámara Contencioso Administrativo de La Plata que admitió el planteo de una asociación civil.
Lo hizo al firmar un acuerdo de solución amistosa por una situación denunciada ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. En el acuerdo, firmado con la Defensoría General de la Nación, se comprometió a reparar a la víctima y a tomar medidas para evitar la vulneración de derechos de personas con discapacidad bajo la órbita del sistema penal.
La medida se oficializó hoy en el Boletín Oficial. Tendrá validez tanto para los certificados físicos como digitales.