La acción fue presentada por la diputada nacional Victoria Donda contra la resolución dictada por el Ministerio de Seguridad que establece una nueva reglamentación para disparar.
La causa iniciada por una ONG, habÃa sido admitida para su tratamiento e inscripta en el registro de procesos colectivos en febrero
Asà lo dispuso el Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de La Plata. La acción persigue el restablecimiento de la actividad judicial en ese departamento judicial.
A raÃz de la presentación que realizó Julio Conte Grand ante la Suprema Corte de Justicia, un análisis de las competencias actuales de la Procuración General de la provincia de Buenos Aires.
Una decisión de la jueza Rita Ailán en la causa promovida por el Colegio Público de Abogados de Capital Federal.
La jueza federal Rita Ailán aceptó la acción como proceso colectivo, conforme la identificación de la composición del colectivo, el objeto de la pretensión y el sujeto demandado, y solicitó su inscripción en el Registro de Procesos Colectivos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El boleto pleno pasarÃa a costar $1.100 en trenes y $700 en colectivos en las localidades del AMBA. Los usuarios que lo soliciten deberán completar un formulario en argentina.gob.ar/sube.
Se trata de una acción promovida contra el Consejo de la Magistratura con el objetivo de que diseñe un programa de innovación tecnológica que optimice el servicio de justicia.
En consecuencia, se ordenó su inscripción en el Registro de Procesos Colectivos.
La decisión comprende a la Ciudad de Buenos Aires y diferentes municipios de la provincia de Buenos Aires. Un criterio relevante en torno a la no discriminación y la protección de derechos.
La decisión fue tomada en virtud de las distintas medidas adoptadas por la Suprema Corte de la Provincia para la implementación del "Escritorio remoto"
Un breve análisis de una decisión de la Justicia Comercial en una causa contra la firma Despegar.
La medida fue iniciada por la Interventora del SPF, donde requiere al PJN que establezca reglas de actuación y un registro de procesos colectivos similar al establecido por la Corte Suprema para las causas no penales, con el objetivo de coordinar acciones que eviten la producción masiva de decisiones judiciales contradictorias y arbitrarias.
Se trata de una resolución de la Cámara Federal de la Seguridad Social.
Pese a la iniciativa de la Corte Suprema de otorgarle operatividad plena al artÃculo 43 de la Constitución Nacional, el Poder Legislativo no ha saneado el vacÃo normativo en materia de litigio colectivo.
El abogado que interpuso la acción colectiva, pretendÃa la declaración de inconstitucionalidad de la norma. La inadmisibilidad se fundó en su falta de legitimación y, en consecuencia, en la inexistencia de un caso concreto.
Asà lo dispuso la Cámara Contencioso Administrativo Federal al confirmar el fallo de primera instancia donde se habÃa rechazado el pedido de creación del registro realizado por el Servicio Penitenciario Federal.
La acción recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°9, a cargo de Pablo Gabriel Cayssials. La Asesora General Tutelar de la Ciudad solicitó una medida cautelar para que se ordene continuar con la presencialidad mientras dure el proceso.
Se trata de una acción promovida por la Cámara de Empresarios de Discotecas y Entretenimiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CEDEBA) contra el Estado nacional.
La Cámara Federal de La Plata consideró que el juzgado de primera instancia no cumplió con la notificación y citación a todas las partes involucradas en el planteo, conforme lo requiere la jurisprudencia y las acordadas de la Corte Suprema.
Lo ratificó la Corte Suprema en un capÃtulo más que consolida su doctrina en torno a la legitimación extraordinaria.
La Justicia suspendió una norma del organismo que obliga a los letrados a informar al fisco.
Una decisión de la Justicia Contencioso Administrativo Federal.
Una decisión que ordenó al Estado Nacional proveer asistencia y medicamentos para personas con VIH.
Por el carácter colectivo de la presentación, el juez federal Alberto Recondo solicitó al respectivo registro de la Corte Suprema que informe si existe otro proceso en trámite de similares caracterÃsticas.
Un trabajo conjunto de la UFEM y la PROTEX.
Una decisión de la Justicia Contencioso Administrativo Federal.
La sentencia indica que las restricciones establecidas por el organismo no son arbitrarias, en tanto en situaciones crÃticas deben prevalecer los derechos a la vida y a la salud de la población.
La decisión tomada por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de la ciudad, dispuso una serie de medidas para mejorar las condiciones de detención en la unidad de mujeres, con particulares previsiones para la población trans allà detenida.
La Cámara Federal de la Seguridad Social confirmó la sentencia de primera instancia, que desestimó la pretensión de los actores con fundamento en la falta de legitimación activa.
Decisión de la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal en una causa iniciada por la Asociación Civil Inquilinos Agrupados contra el Estado Nacional.
Decisión emblemática de la Corte Suprema que anuló el aumento en las tarifas del servicio público de gas natural dispuesto sin haberse realizado previamente una audiencia pública que le diera la oportunidad a los usuarios de participar en la toma de decisión.
Una decisión de la jueza contencioso administrativo federal Rita Ailán.
Lo hizo en el marco de una causa del CEPIS con una sentencia en favor del federalismo y el acceso a la justicia de los ciudadanos.
El objetivo es que puedan viajar en el transporte público de manera segura.
Tras resolver una acción de amparo colectiva, se le ordenó al Municipio la atención plena en la OMIC que se encontraba trabajando de forma semipresencial.
Pese a la iniciativa de la Corte Suprema de otorgarle operatividad plena al artÃculo 43 de la Constitución Nacional, el Poder Legislativo no ha saneado el vacÃo normativo en materia de litigio colectivo.
La causa iniciada por más de 100 personas entre las que se destacan gremialistas y dirigentes polÃticos se encuentra radicada en la justicia contenciosa federal de la capital y ya fue admitida su tramitación.
Una decisión del juez federal de RÃo Cuarto en la acción judicial de la Sociedad Rural de esa localidad.
Un resumen de las decisiones judiciales, las medidas legislativas y los actos del Poder Ejecutivo más destacados en los últimos dÃas
Se trata de la acción de amparo iniciada por la Sociedad Rural Argentina
El juez MartÃn Cormick descartó la medida cautelar pero dispuso que avance la acción colectiva que iniciaron un grupo de gremialistas y dirigentes polÃticos.
Se tiene en consideración que el bien jurÃdico comprometido es el medio ambiente, de naturaleza colectiva. Además, se ordenó la acumulación por conexidad de todas las causas que buscan la cesación de las actividades de exploración, para evitar pronunciamientos contradictorios dictando una sentencia única.
El juez Enrique Alonso Regueira aceptó el pedido de la AFIP y le requirió al juez de Córdoba Bustos Fierro que le envÃe la causa.
Asà lo hizo la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal respecto de la asociación empresaria para litigar contra el decreto 690/2020.
El tribunal hizo lugar a una queja de la AFIP y consideró que la decisión que reconoció legitimación colectiva de la Sociedad Rural Argentina es apelable.
Asà lo decidió el juez federal MartÃn Cormick. Asimismo, sostuvo que "no debe presumirse, a priori, que todo el colectivo de usuarios y consumidores quieren ser representados por un particular que pretende una medida de esta naturalezas".
Una decisión que ordenó al Estado Nacional proveer asistencia y medicamentos para personas con VIH.
Asà lo dispuso la Cámara Federal de Córdoba en un amparo presentado por tres entidades rurales cordobesas, ante la falta de legitimación para representar los intereses de todos los productores agropecuarios del paÃs.
En su noveno aniversario, recordamos el célebre precedente de la Corte sobre derechos laborales en momentos de emergencia económica y el derecho de las asociaciones gremiales simplemente inscriptas para representar intereses colectivos
La jueza federal Macarena Marra Giménez admitió tramitar un amparo colectivo promovido por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la CABA contra la AFIP. Asimismo, dictó una medida interina para suspender el vencimiento del plazo de presentación, que estaba previsto para los dÃas 23 a 27 de junio.
La acción fue promovida ante la justicia federal de La Plata por un grupo de personas fÃsicas con discapacidad visual y organizaciones civiles, contra el Poder Ejecutivo Nacional, el Banco Central y Casa de Moneda.
Un grupo de vecinos y vecinas platenses alegan que la comuna está realizando las tareas sin cumplir con la Ley de Arbolado Público. Además de la suspensión cautelar de las actividades, reclaman que se implemente un plan anual de forestación.
Una decisión emblemática de la Corte Suprema que anuló el aumento en las tarifas del servicio público de gas natural, dispuesto sin haberse realizado previamente una audiencia pública que le diera la oportunidad a los usuarios de participar en la toma de decisión.
Asà lo resolvió la Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, con firma de los jueces Marcelo Daniel Duffy, Jorge Eduardo Morán y Rogelio W. Vicenti. Se trata de una acción impulsada por el diputado de la provincia de Mendoza, José Luis Ramón.
Asà lo resolvió en el marco de una causa de incidencia colectiva iniciada por un vecino de la zona afectada por la contaminación de la cuenca hÃdrica integrada por el RÃo de La Plata, el RÃo Santiago y el Arroyo El Gato.
Asà lo decidió la Justicia Federal de JunÃn, al considerar que los actores no se encontraban contemplados en los supuestos del art. 43 CN.
Pese a la iniciativa de la Corte Suprema de otorgarle operatividad plena al artÃculo 43 de la Constitución Nacional, el Poder Legislativo no ha saneado el vacÃo normativo en materia de litigio colectivo.
Se cumplen 18 años de la decisión de la Corte Suprema que ordenó hacer cesar las detenciones de personas en comisarÃas bonaerenses. En 2021, el Máximo Tribunal ratificó que aún no habÃan cesado los agravamientos que originaron la decisión y obligó a la Suprema Corte bonaerense a adoptar medidas para revertir la situación.
El juez federal Santiago Carrillo ordenó inscribir la acción en el Registro de Procesos Colectivos. Sin embargo, no hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la entidad para que se suspendan los efectos del DNU 157/2018.
La habÃa presentado una cámara empresaria. El juez consideró que no está legitimada ni cuenta con los requisitos para tramitar como proceso colectivo.
Una decisión que ordenó al Estado Nacional proveer asistencia y medicamentos para personas con VIH.
En su décimo aniversario, recordamos el célebre precedente de la Corte sobre derechos laborales en momentos de emergencia económica y el derecho de las asociaciones gremiales simplemente inscriptas para representar intereses colectivos
Se trata de una acción promovida contra el Consejo de la Magistratura con el objetivo de que diseñe un programa de innovación tecnológica que optimice el servicio de justicia.
Asà lo decidió el juez federal Guido Sebastián Otranto. Se trata de una acción que habÃa sido promovida por la Asociación Civil Usina de Justicia.
El máximo tribunal aconsejó la utilización de tobilleras electrónicas y ordenó revisar denegatorias de libertades anticipadas con el objetivo de reducir la población carcelaria.
Consideraron que la falta de sanción del Código Ambiental —a más de un cuarto de siglo de su previsión— lleva implÃcita un agravio constitucional al derecho de participación ciudadana que merece ser atendido.
Asà lo resolvió la jueza federal MartÃna Forns al dictar una medida cautelar contra la Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires y OMINT S.A. Si bien la decisión es para dos casos en concreto, se trata de causas que están planteadas como procesos colectivos.
Asà lo resolvió Enrique Lavié Pico, encargado del Juzgado de Primera Instancia de feria en lo Contencioso Administrativo Federal.
Cientos de planteos tramitaron en enero y, algunos, tuvieron resolución. Un breve repaso para comenzar la actividad bien informado.
A fines del año pasado organizaciones proteccionistas iniciaron una acción de amparo contra Mundo Marino, con el fin de que se reconozca al animal como sujeto de derechos y se lo libere.
Los fueros federales Civil y Comercial de Capital y el de San Martin no coincidieron en quién deberá continuar con la causa. Ante la ausencia de reglas especÃficas para resolver el asunto, la cuestión queda a cargo del máximo tribunal.
Asà lo decidió el juez federal federal Gastón Alberto Salmain en el marco de una causa promovida por una asociación civil que planteó que la medida afectaba el uso del servicio.
Se ordenó dejar sin efecto los incrementos efectuados a raÃz del DNU 70/23. Asimismo, la medida beneficia tanto al demandante como a los "futuros adherentes" de todo el paÃs que estén en las mismas circunstancias y sufran aumentos similares.
Luego de que el Poder Ejecutivo propusiera al juez Ariel Lijo y al académico Manuel GarcÃa Mansilla como candidatos al Máximo Tribunal, diversas organizaciones expresaron su repudio y destacaron la importancia de que se cumplan los mandatos constitucionales y convencionales. Conocé qué dijeron.
En virtud del fuerte incremento en el valor de las cuotas, se dispuso que las recalculen de acuerdo a la inflación. La decisión abarca a varias empresas.
Asà se decidió en función de su interés público nacional, del objetivo de la polÃtica ambiental nacional y de la autoimposición del Estado Nacional respecto a su participación en este tipo de problemáticas.