A través de un amparo presentado en la Justicia porteña, solicitaron que el Gobierno de la Ciudad garantice el derecho a la educación que se vería afectado por la sanción del DNU N°241/20 que estableció las clases virtuales por 15 días debido a la segunda ola de covid-19.
Había sido interpuesto por una Defensora y una Asesora Tutelar. La jueza tuvo en cuenta la acción declarativa de inconstitucionalidad que inició la Ciudad ante la Corte Suprema.