Su fin es mejorar el acceso transfronterizo a las pruebas electrónicas que se utilizan en los procesos penales, simplificando la cooperación entre estados para contribuir con la lucha contra el cibercrimen.
Su incorporación al Código Procesal Penal de dicha provincia se enmarca en el cumplimiento de la Convención de Budapest con el fin de proteger a la sociedad de los delitos informáticos.