- jueves 24 de abril del 2025
Así lo resolvió el Tribunal de Casación Penal, al entender que la Jueza de Garantías N°5 de La Plata se había apartado del principio acusatorio y de su rol de juzgadora imparcial.
Su análisis en el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, la jurisprudencia nacional e internacional
Para ello, valoraron con perspectiva de género la especial situación de encierro preventivo, el estado de salud y la consiguiente vulnerabiliad, desprotección y peligro en la que se encuentran las nombras, así como también tuvieron en cuenta el interés superior del niño.
Además ordena evaluar detenciones domiciliarias de personas que estén a 6 meses de su libertad condicional.
Así lo resolvió la Sala I del Tribunal de Casación Penal bonaerense al considerar que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el Fiscal Altuve no cumplía con los requisitos de admisibilidad exigidos en el Código de Forma.
Además, concedió el arresto a una persona con diabetes y múltiples afecciones de salud.
Un repaso por acordadas, resoluciones y sentencias que habilitaron morigeraciones en las detenciones por el COVID-19.
Mario Coriolano, Defensor de Casación Penal bonaerense, pide a la Suprema Corte de Justicia dejar firme la decisión de otorgar tales beneficios.
Los jueces, Borinsky y Carbajo consideraron que al no haber contradicción entre la defensa y la fiscalía para la negación de la morigeración de la prisión preventiva, no había lugar para convalidar el fallo.
Así lo dispuso el máximo tribunal penal de la Nación, luego de revocar una sentencia del Tribunal Oral Federal de Gral. Roca que había declarado su inconstitucionalidad.
El Máximo Tribunal hizo lugar a un recurso interpuesto por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo.
Señal del máximo tribunal penal del país de que dichos funcionarios deberán volver a sus cargos de origen
Se cumplen 16 años de este precedente de la Corte Suprema, donde estableció el alcance amplio del recurso de casación en base a la incorporación de los pactos internacionales y a la garantía del doble conforme.
Jorge González Nieva había sido sentenciado a 25 años de prisión por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de Morón, condena que fue confirmada en todas las instancias provinciales. Se lo acusaba de robo y homicidio en una salidera bancaria
Si bien declararon precedente la queja iniciada, consideraron que el recurso de casación no era admisible.
Fue en el marco de un homicidio que ocurrió en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza producto de un enfrentamiento entre dos personas privadas de su libertad.
En base a principios de equidad y justicia, decidió que resultaba innecesario el cumplimiento de la pena en un establecimiento penitenciario de una persona que se encontraba transitando el proceso en libertad.
Conmoción en la Justicia de la Provincia de Buenos Aires.
El tribunal resolvió confirmar lo resuelto por la cámara por considerar que un procedimiento policial sin orden judicial debe basarse en la sospecha razonable de comisión de un delito
La Cámara Federal de Casación Penal resolvió el sobreseimiento de la vicepresidenta de la Nación y del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires
El expediente digital llegó luego de la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal, que anuló un fallo de la Cámara Federal de La Plata.
Lo hizo al revocar una sentencia de un tribunal que había rechazado el arresto domiciliario de una persona detenida por cultivar cannabis sin que el fiscal del caso se opusiera a dicho pedido.
El máximo tribunal penal continuó con la postura adoptada en el caso "Tarantos", donde consideró que las torturas aplicadas durante el conflicto bélico no se tratan de crímenes de guerra o de lesa humanidad.
La Cámara Federal de Casación Penal tuvo en cuenta la gran dificultad que tiene la mujer para generar el sustento de la familia y suplantar el rol del varón en una comunidad con fuertes rasgos patriarcales.
Así lo resolvió la Cámara Federal de Casación Penal, en el marco de la causa "Puente 12s". Además se condenó a tres ex policías, a las penas de 6, 8 y 7 años y seis meses de prisión y se revocaron las absoluciones de otros tres ex policías.
El máximo tribunal penal compartió la opinión de que las restricciones nocturnas impuestas por el Poder Ejecutivo son razonables y que tienen en miras garantizar la salud de la población entera, algo que va por encima de las situaciones personales. Lo hizo al declarar mal concedido el recurso de casación en el marco de una acción de hábeas corpus.
El máximo tribunal penal provincial expresó que la sentencia dictada por el juez técnico en la audiencia de cesura no puede aplicar agravantes que no fueron incluidas dentro de las instrucciones brindadas al jurado.
Se trata de miembros del Batallón de Comunicaciones 601 de City Bell que en el año 1977 asesinaron a una pareja en Berazategui. El tribunal también dispuso el reenvío de la causa para que se dicte un nuevo pronunciamiento por la sustracción, retención y ocultamiento de dos personas menores de 10 años en el caso.
El dossier engloba fallos que versan sobre la vigencia de la acción penal, la valoración probatoria, el respeto a la diversidad sexual, la suspensión de juicio a prueba y las alternativas a la disponibilidad de la acción.
Un reciente fallo de la Cámara Federal de Casación Penal en el caso del empresario Núñez Carmona, ratificó que lo pedido por la Fiscalía es el límite que tiene el órgano jurisdiccional para pronunciarse.
Con esta decisión se habilita a los Agentes Fiscales la instancia recursiva ante el Tribunal de Casación Penal aún en aquellos casos de absoluciones correspondientes a una condena cuya pena no supere los 3 años de prisión.
Entendieron que el contenido de la imagen divulgada debía ser considerado como una representación de las partes genitales de la víctima, tal como lo exige el art. 128 del Código Penal.
El Máximo Tribunal revocó la falta de mérito, dictada por Casación, con respecto al expediente que analiza los delitos cometidos en "La Noche del Apagón".
Un análisis de la ley sancionada por el Congreso de la Nación y una sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal que aborda la discriminación contra el colectivo travesti trans.
La magistrada de Casación Federal pidió su continuidad en el cargo sin nuevas designaciones, la jueza Ailán no admitió el planteo.
Un repaso de la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal, que confirmó la primera condena por lavado de activos en la provincia de Tucumán.
Se trata de una recopilación de sentencias de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional realizada por la Unidad de Asistencia del Ministerio Público Fiscal de la Nación de esa instancia.
Lo hizo la Cámara Federal de Casación Penal en el marco de un hábeas corpus colectivo, al señalar que se trata de una medida desproporcionada, irrazonable e ilegítima que vulnera la libre circulación y la igualdad.
Los jueces consideraron que al encontrarse alejado de cualquier otra persona, cercano a su domicilio y con la intención de recolectar basura, se evidenció una manifiesta falta de riesgo para la propagación de la pandemia.
Se cumplen 16 años de este precedente de la Corte Suprema, donde estableció el alcance amplio del recurso de casación en base a la incorporación de los pactos internacionales y a la garantía del doble conforme.
Así lo decidió el Tribunal de Casación bonaerense, luego de que se rechazara el pedido de la defensa para que un jurado popular decidiera sobre la responsabilidad penal de un menor.
Se trata de Juan Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas, magistrados del Tribunal Oral Criminal N°1 de Mar del Plata. Fueron suspendidos provisoriamente de sus cargos y deberán enfrentar un jury.
La Corte Suprema consideró que en los tribunales pluripersonales no basta que haya concordancia en la parte dispositiva, sino que es necesario que exista una coincidencia en los argumentos para conformar una mayoría.
Una decisión de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que consideró que la maternidad, el rol de cuidado de otras personas dependientes, la jefatura de hogar y la violencia de género deben ser tenidas en cuenta a la hora de determinar penas pecuniarias.
Un resumen de las decisiones judiciales, las medidas legislativas y los actos del Poder Ejecutivo más destacados en los últimos días
La decisión consideró que la valoración de la prueba por los jueces de primera instancia fue arbitraria y criticó la intervención inquisitiva en los interrogatorios de los testigos, alejándose de la imparcialidad exigida a los tribunales.
Un resumen de las decisiones judiciales, las medidas legislativas y los actos del Poder Ejecutivo más destacados en los últimos días
Los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña consideraron que el procesamiento no constituía una sentencia definitiva que habilite la vía del recurso de casación. En disidencia, la jueza Ana María Figueroa señaló que se trataba de una cuestión que podría ocasionar un gravamen irreparable, por lo que correspondía admitir su tratamiento.
El tribunal consideró que el hombre se encontraba en un estado de necesidad justificante ante la demora del empleador en el pago de su salario y la falta de recursos para alimentar a los hijos de su pareja, que hacía días no comían.
El Tribunal de Casación bonaerense decidió en el caso de un paciente oncológico que la inexistencia de delito no se da solamente cuando la persona está inscripta en el Registro del Programa de Cannabis, sino también cuando es evidente que el consumo es para uso medicinal.
La decisión fue adoptada en la misma semana que los integrantes del tribunal se reunieron en Rosario con la Asociación de Jueces Federales por el juzgamiento del narcotráfico.
El máximo tribunal penal de la Provincia de Buenos Aires ordenó a las fuerzas de seguridad que se abstengan de disponer medidas restrictivas de la libertad cuando se secuestren estupefacientes que sean inequívocamente para consumo personal.
Un resumen de las decisiones judiciales, las medidas legislativas y los actos del Poder Ejecutivo más destacados en los últimos días
Con adhesión al dictamen del Procurador General, la Corte ratificó la necesidad de que exista una coincidencia sustancial de fundamentos para la validez de las decisiones de tribunales colegiados.
La Corte Suprema revocó un fallo que se apartó del criterio de revisión integral sostenido en "Casal", en cuanto se limitó a reiterar los conceptos expresados por el tribunal de primera instancia que había impuesto la condena.
Por voto de los jueces de la Sala II, Guillermo Yacobucci y Carlos Mahiques. Tuvo disidencia del juez Alejandro Slokar.
Recordamos este precedente de la Corte Suprema donde fortaleció la necesidad de una revisión amplia del recurso de casación para cumplir con el doble conforme exigido por la Convención Americana de Derechos Humanos.
Un repaso por las decisiones judiciales, las medidas legislativas y los actos del Poder Ejecutivo más destacados en los últimos días.
Un repaso por las decisiones judiciales, las medidas legislativas y los actos del Poder Ejecutivo más destacados en los últimos días.
El jurado de enjuiciamiento concluyó que el magistrado incurrió en "mal desempeño" y en "desvío de poder" al pretender cobrar dinero a personas privadas de la libertad a cambio de resoluciones judiciales que los favorecieran.
El Ministerio Público Fiscal de la Nación publicó un boletín de jurisprudencia de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional sobre el uso de plataformas digitales para la celebración de juicios orales
Se cumplen 17 años de este precedente de la Corte Suprema, donde consideró que la garantía del doble conforme prevista en los tratados internacionales de derechos humanos obligan a una interpretación de alcance amplio del recurso de casación, que incluya cuestiones de hecho y de derecho.
El tribunal entendió que la ley que estableció el juicio por jurados no incorporó esta forma de enjuiciamiento para jóvenes en conflicto con la ley penal y que el Poder Judicial no puede reglamentar algo que es competencia del Poder Legislativo.
Así lo decidió la Cámara Federal de Casación Penal en el marco del juicio iniciado por el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia contra la diputada nacional Graciela Ocaña.
La imputada le había manifestado a la policía que su empleador había intentado abusarla, pero la defensa pidió excluir ese testimonio como prueba para que no se autoincrimine. La Corte entendió que omitir valorar ese testimonio fue arbitrario y que además se prescindió de considerar la situación de violencia de género y de discapacidad de la imputada.
Consideró que la falta de recursos y una historia de vida rodeada de extrema vulnerabilidad redujeron el abanico de posibilidades que tenía para generarse un sustento económico, lo que la llevó a obrar bajo un estado de necesidad disculpante.
Se trata de una decisión en la que se contemplaron las circunstancias de pobreza estructural de la imputada y la "sistemática restricción del efectivo cumplimiento de los derechos sociales, culturales y económico" que padeció.
Para el Tribunal, que contó con los votos de Gemignani, Petrone y Borinsky, la falta de posesión de la cédula verde habilitó a la policía a requisar el auto donde luego se encontraron los estupefacientes.
Luego del acuerdo del Senado, se publicó en el Boletín Oficial los decretos de designación de cargos de la magistratura.
La sala V de ese tribunal anuló un veredicto por considerar que las instrucciones al jurado fueron brindadas sin perspectiva de género, particularmente para abordar la hipótesis de la legítima defensa de la mujer.
Los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone consideraron que la prueba sobre la que se basó el sobreseimiento en ambas causas no sería de un carácter "novedoso" que habilitara a dictar el sobreseimiento antes del debate. Ahora ambas causas de encaminarían a juicio oral en Comodoro Py.
Se cumplen 18 años de este precedente de la Corte Suprema, donde estableció el alcance amplio del recurso de casación en base a la incorporación de los pactos internacionales y a la garantía del doble conforme.
La Sala II del tribunal bonaerense consideró que la Cámara de Apelaciones se extralimitó en su jurisdicción, ya que hizo lugar a un hábeas corpus contra la detención de “Chocolate” Rigau cuando la legislación no lo habilita para estos casos.
Casación Federal anuló una sentencia que había denegado la aplicación del Régimen Penal Juvenil en un caso donde el imputado era menor de edad al momento de los hechos, pero que al momento de la declaración indagatoria había cumplido la mayoría de edad.
No hizo lugar a la queja interpuesta por AFIP contra la resolución de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico que había confirmado la resolución de primera instancia, donde se había rechazado el requerimiento fiscal de instrucción por no constituir delito el hecho atribuido a Susana Giménez.
Por voto mayoritario de sus integrantes, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un pedido de prisión domiciliaria a favor de Bernardo Caballero, un militar de 68 años condenado por delitos de Lesa Humanidad en la mega causa “Campo de Mayo”.
El vecino del matrimonio Carrascosa-García Belsunce fue ubicado como el autor material del homicidio de María Marta, ocurrido en el country El Carmel el 22 de octubre de 2002
Es a los fines de acogerse al beneficio jubilatorio. La renuncia tendrá efectos a partir del 1° de junio, momento a partir del cual el tribunal quedará con tres integrantes y completará su integración con la subrogancia de la presidencia del Tribunal de Casación, hoy a cargo de la jueza Florencia Budiño.
La Cámara Federal de Casación Penal consideró que los imputados obraron creyendo que sus conductas estaban permitidas por la ley 27.350 de investigación médica y científica del uso medicinal del cannabis, sin saber que debían esperar a que el Estado regule los mecanismos para acceder a las semillas por medios lícitos.
Siguiendo el precedente “Duarte”, el Máximo Tribunal ratificó que las condenas dictadas en Casación producto de su competencia positiva, deben revisarse horizontalmente. Además, reforzó que la nueva revisión casacional debe hacerse de manera amplia e integral, de acuerdo a la doctrina del fallo “Casal”.
De oficio, el Máximo Tribunal declaró que el tercer párrafo del artículo 350 del Código Procesal Penal Federal es inconstitucional en cuanto limita la función revisora de la Cámara Federal de Casación Penal y vulnera la ubicación del rol de la Corte como "último intérprete" constitucional.
Mediante la Resolución 1092/2024 publicada este viernes, la Administración procedió a quitarle el beneficio luego de haberse confirmado la condena en la causa "Vialidad"; según el organismo se concluye que no cumple con el honor, el mérito y el buen desempeño en su cargo para seguir percibiendo el beneficio.
Un repaso por las sentencias más relevantes del Máximo Tribunal durante el 2024.
La decisión, firmada por la jueza Ángela Ledesma y el juez Juan Carlos Gemignani, hizo hincapié en la razonabilidad de los actos de gobierno, de progresividad en la ejecución de las penas privativas de la libertad y su finalidad de reinserción social. La decisión ya fue recurrida por el fiscal Raúl Pleé.
Lo decidió la Sala V del Tribunal de Casación Penal bonaerense, que ratificó la decisión de la Sala II de mismo tribunal adoptada el año pasado.
En enero, la Sala de Feria del tribunal había declarado la inconstitucionalidad del artículo que impide otorgar los beneficios de libertad condicional o libertad asistida a los delitos previstos en los artículos 5, 6 y 7 de la ley 23.737. A fin de evitar disparidad de criterios, Casación dictará sentencia plenaria sobre el tema el próximo 11 de marzo.
Luego dos años desde el último juicio oral por la muerte y abuso sexual de Lucía Perez, Casación determinó que el fallecimiento de la víctima no era atribuible penalmente a Matías Gabriel Farías, el principal imputado de la causa.
El tribunal penal entendió que la aplicación automática y mecanizada del precedente “Góngora” de la Corte Suprema sin atender a las particularidades del caso ni a la opinión de la víctima no es una solución compatible con la Convención de Belém do Pará.
En el fallo plenario "Tobar Coca", el Tribunal declaró la compatibilidad constitucional del artículo que impide otorgar los beneficios de libertad condicional y libertad asistida -entre otros- a los delitos previstos en los artículos 5, 6 y 7 de la ley de estupefacientes N°23.737
