Así lo resolvió el máximo tribunal interamericano en el precedente "Fernández Prieto y Tumbeiro vs. Argentina" al considerar que los procedimientos policiales fundados en facultades discrecionales de los agentes resultan violatorios de normas convencionales.
Se trata de un precedente regresivo de la Corte Suprema en materia de libertades individuales, que mereció la reciente crítica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La decidió la jueza Ohman al detectar numerosas detenciones y secuestros realizadas sobre personas en situación de vulnerabilidad social sin contar con previa intervención del Poder Judicial.