- martes 10 de septiembre del 2024
El máximo tribunal porteño elevó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación la causa que abrió el debate al dejar sin efecto una resolución adoptada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil
Se trata de un planteo para recusar a la jueza a cargo de la causa. La Cámara Nacional había rechazado el recurso de inconstitucionalidad por considerar que el mismo no está previsto en el Código, pero el TSJ sostuvo que él es el órgano superior en las causas que tramitan ante la justicia nacional ordinaria.
El dictamen firmado por el Procurador Casal sostiene que hasta tanto no se transfieran las competencias judiciales a la Ciudad, la Corte Suprema es la única legitimada para revisar sentencias de tribunales nacionales con asiento en la Ciudad.
Así lo votó la Legislatura porteña, al modificar el recurso de inconstitucionalidad previsto en la ley 402 de la Ciudad de Buenos Aires.
Breves reflexiones de Guido Risso sobre la reciente aprobación de la ley que habilita al Tribunal Superior de Justicia a revisar sentencias de la Justicia Nacional
Un análisis de Raúl Gustavo Ferreyra, a partir de la ley sancionada por la Legislatura porteña que habilita al Tribunal Superior de Justicia a revisar sentencias de la Justicia Nacional.
El análisis de Andrés Gil Dominguez a raíz de aprobación de la ley que habilita al Tribunal Superior de Justicia a revisar sentencias de la Justicia Nacional. ¿Qué propuso el Consejo Consultivo?
El análisis de Pedro A. Caminos en torno a la ley sancionada en la Legislatura porteña, que habilitó al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad a revisar decisiones de la Justicia Nacional.
Votada en la Legislatura porteña el pasado 30 de septiembre, el Poder Ejecutivo porteño publicó la norma que modifica el recurso de inconstitucionalidad previsto en la ley 402 de la Ciudad de Buenos Aires.
La Cámara Nacional en lo Civil determinó que la ley 6.452 sancionada por la legislatura porteña resulta inconstitucional por vulnerar el principio de jerarquía normativa y entrometerse en facultades del Congreso de la Nación.
A través de una medida cautelar, se suspendió la aplicación del artículo 4 de la ley 6452 de la Ciudad de Buenos Aires.
El fiscal Gilligan reiteró que la transferencia de competencias debe hacerse a través de un convenio entre el Gobierno Nacional y de la Ciudad, ratificado en el Congreso de la Nación.
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires planteó la falta de legitimación procesal de la Asociación Civil Gente de Derecho, rechazándose por tal motivo la acción de amparo.
Un análisis a la luz de una reciente decisión del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego.
