Ante una acción civil pública presentada por el Instituto Brasilero de Defensa del Consumidor, se ordenó bloquear las cámaras de seguridad que la empresa concesionaria de la Línea 4 de metros en San Pablo, VíaQuatro, estaba utilizando para capturar imágenes, sonidos y más datos personales de los pasajeros que utilizaban el servicio, protegiendo así la privacidad de más de 350.000 transeúntes.
La medida precautelar adoptada por la jueza Elena Liberatori expresa que hay ausencia de información referida a la participación ciudadana y a los cuestionamientos que se efectuaron al nuevo esquema tarifario establecido por el Gobierno porteño.
Lo resolvió la jueza Elena Liberatori, en el marco de una medida cautelar en la que suspendió los efectos de la resolución que dispuso el aumento a $574 por considerarlo injustificado. El Gobierno porteño tendrá 5 días hábiles para presentar la readecuación tarifaria.