Mediante el decreto 594/2023, el Gobierno Nacional dispuso extenderlo hasta el 2028, con el objetivo geopolítico de “reafirmar la soberanía nacional” y establecer un “régimen fiscal y aduanero especial para el desarrollo de la actividad económica”.
Es con relación a las deudas contraídas por empresas beneficiarias del Régimen de Promoción Industrial.