Fue en el marco del Plan Federal de Prevención de Delitos Tecnológicos, con el objeto de reforzar la asistencia a las fuerzas federales en la persecución de ciberdelitos.
Un aporte desde el Bioderecho.
El caso llegó al Máximo Tribunal a partir de una solicitud de autorización judicial de una pareja para cesar en la criopreservación de los embriones.