El Poder Ejecutivo deberá brindar explicaciones ante las denuncias por intimidaciones, traslados y designaciones ilegales de funcionarios judiciales.
Lo hizo al firmar un acuerdo de solución amistosa por una situación denunciada ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. En el acuerdo, firmado con la Defensoría General de la Nación, se comprometió a reparar a la víctima y a tomar medidas para evitar la vulneración de derechos de personas con discapacidad bajo la órbita del sistema penal.