- martes 10 de septiembre del 2024
Al cumplirse 44 años de la última dictadura cívico militar que sufrió nuestro país hacemos un breve repaso por la trama política y jurídica que permitió la reapertura de los juicios contra los responsables de los delitos atroces contra el pueblo argentino.
Así lo propuso el Ministerio Público Fiscal para continuar con el juicio oral sobre crímenes ocurridos en los Centros Clandestinos de Detención Pozo de Quilmes y Pozo de Banfield.
El Máximo Tribunal hizo lugar a un recurso interpuesto por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo.
Se trata de un precedente importante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que declaró la responsabilidad internacional de Uruguay por la desaparición forzada de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman.
El máximo tribunal penal continuó con la postura adoptada en el caso "Tarantos", donde consideró que las torturas aplicadas durante el conflicto bélico no se tratan de crímenes de guerra o de lesa humanidad.
Así lo resolvió la Cámara Federal de Casación Penal, en el marco de la causa "Puente 12s". Además se condenó a tres ex policías, a las penas de 6, 8 y 7 años y seis meses de prisión y se revocaron las absoluciones de otros tres ex policías.
Se trata de miembros del Batallón de Comunicaciones 601 de City Bell que en el año 1977 asesinaron a una pareja en Berazategui. El tribunal también dispuso el reenvío de la causa para que se dicte un nuevo pronunciamiento por la sustracción, retención y ocultamiento de dos personas menores de 10 años en el caso.
Se trata de una decisión emblemática de la historia judicial en el país.
Se dio a conocer el veredicto absolutorio del juicio que investigaba delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en la ciudad de Mar del Plata.
Dispone la pena de prisión de 3 meses a 2 años o multa a quienes públicamente nieguen, minimicen, justifiquen o revindiquen delitos de genocidios, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Así lo resolvió la justicia federal chaqueña, al considerar que los delitos perpetrados por el Estado Argentino contra poblaciones indígenas en 1924, pueden incluirse en la categoría de lesa humanidad.
Al cumplirse 46 años de la última dictadura cívico militar que sufrió nuestro país hacemos un breve repaso por la trama política y jurídica que permitió la reapertura de los juicios contra los responsables de los delitos atroces contra el pueblo argentino.
Se trata de una decisión emblemática de la historia judicial en el país.
Por voto de los jueces de la Sala II, Guillermo Yacobucci y Carlos Mahiques. Tuvo disidencia del juez Alejandro Slokar.
El Tribunal había emitido el veredicto condenatorio antes de su fallecimiento. Los jueces entendieron que los fundamentos de la sentencia no hacen más que integrar el veredicto, convirtiéndose así en un acto único.
La Cámara Federal de Bahía procesó a Néstor Luis Montezanti por hechos vinculados con la ocupación armada del edificio de la UTN en el año 1974.
Un repaso por las decisiones judiciales, las medidas legislativas y los actos del Poder Ejecutivo más destacados en los últimos días.
Se trata de Raúl Eugenio Martín, al que Casación lo había absuelto por considerar que no existían pruebas que lo responsabilizaran. La Corte, al adherir a un dictamen de Casal, sostuvo que el médico no podía desconocer lo que sucedía en la maternidad de Campo de Mayo.
El texto es parte un trabajo que aborda la historia de los juicios por crímenes de lesa humanidad en Argentina, publicado por el reservorio público de la Universidad Nacional de La Plata.
Un repaso por las decisiones judiciales, las medidas legislativas y los actos del Poder Ejecutivo más destacados en los últimos días.
Se trata de dos sentencias en las, con base en el derecho internacional de los derechos humanos, se decidió en ese sentido.
Se trata de un trabajo realizado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. El documento contiene un resumen y descripción de más de 200 fallos pronunciados entre 2006 y 2021.
Al cumplirse 47 años de la última dictadura cívico militar que sufrió nuestro país hacemos un breve repaso por la trama política y jurídica que permitió la reapertura de los juicios contra los responsables de los delitos atroces contra el pueblo argentino.
Se trata del primer sitio institucional del Estado Nacional que fue relanzado.
Lo hizo la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación donde aborda el uso de "fondos reservados" en los grupos de Inteligencia terroristas.
El sinuoso camino en torno a la inconstitucionalidad de la Ley de Obediencia Debida.
Se concretó la orden que impartió la justicia federal y bonaerense en torno a víctimas del terrorismo de Estado.
Se trata del proceso iniciado por los crímenes perpetrados en los centros clandestinos “Pozo de Quilmes” y “Pozo de Banfield”, donde funcionaban los edificios de las Brigadas de Investigaciones de la Policía bonaerense durante la última dictadura militar.
Lo había iniciado la Comisión Provincial por la Memoria, el juez Recondo consideró que no se acreditó un "peligro cierto para la institucionalidad".
El libro, escrito por Federico Morgenstern, se presentará el 30 de mayo a las 17hs en la Facultad de Derecho de la UBA. El autor conversará con Carlos Pagni, Pablo Gerchunoff y Daniel Pastor. Conocé de qué se trata.
Lo decidió la Justicia Federal de Mar del Plata, al condenar con multa y decomisar un inmueble que pertenecía a los hijos de Miguel Save, un ex integrante de la SIDE que compró el terreno con dinero robado a un militante asesinado en 1976. Consideraron que el lavado de activos es un “delito permanente” que se mantiene en el tiempo.
El Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata fundamentó las condenas por el circuito represivo del Conurbano Sur y contempló por primera vez la persecución contra disidencias sexo-genéricas.
Se trata de una condena de multa y decomiso de un inmueble que pertenecía a los hijos de Miguel Save, un ex integrante de un grupo de la SIDE comandado por Aníbal Gordón, que compró el terreno con dinero robado a un militante asesinado en 1976. El decomiso de los terrenos operará como reparación comunitaria por los delitos de lesa humanidad.
El 19 de julio de 1924, cientos de integrantes del pueblo Toba fueron asesinados por miembros de la Policía Montada y de Gendarmería. Cien años después, la herida sigue abierta.
