La norma establece un procedimiento administrativo para la sustanciación de las investigaciones dirigidas a determinar la responsabilidad disciplinaria de toda o todo agente de la Administración Pública Nacional que carezca de un régimen especial.
Se trata del proceso iniciado por los crímenes perpetrados en los centros clandestinos “Pozo de Quilmes” y “Pozo de Banfield”, donde funcionaban los edificios de las Brigadas de Investigaciones de la Policía bonaerense durante la última dictadura militar.
El Congreso Nacional aprobó el proyecto para funcionar en investigaciones del fuero federal y nacional, teniendo como objeto contribuir al esclarecimiento de los hechos vinculados a la integridad sexual.