La normativa se basa en las nuevas directivas del Parlamento Europeo, tendientes a elevar el nivel de protección de los derechos de la ciudadanía respecto a sus datos personales.
Consideró que, para decretar tales medidas, se tuvo que obtener un permiso previo del Congreso.
El Tribunal Supremo consideró que si bien ello está prohibido por ley, en este caso no se comprometía el derecho al secreto de las telecomunicaciones ni a la intimidad, dado que el dispositivo se encontraba en poder de la empresa en la que los acusados alquilaron el auto.
A diez años de su muerte, recordamos la vida de este hombre del derecho público y gran administrativista, al que continuamente recurrimos en el estudio de la materia.