Así lo dispuso el juez federal Enrique Alonso Regueira en el marco de una acción promovida por la Fundación Poder Ciudadano. El magistrado consideró que los datos requeridos estaban comprendidos dentro de las excepciones que prevé la Ley de Acceso a la Información Pública.
Solicitan que se le ordene a la Cámara de Diputados y de Senadores que, de acuerdo a lo que estipula la ley 26.122, se aboquen a su tratamiento en un plazo de 30 días hábiles. La causa recayó ante el juez federal Enrique Alonso Regueira.
Una decisión cautelar en el marco de una demanda colectiva realizada por asociaciones de mujeres y diversidades que busca evitar el desmantelamiento de las áreas estatales en la materia.