Lo hizo al firmar un acuerdo de solución amistosa por una situación denunciada ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. En el acuerdo, firmado con la Defensoría General de la Nación, se comprometió a reparar a la víctima y a tomar medidas para evitar la vulneración de derechos de personas con discapacidad bajo la órbita del sistema penal.
Es en el ámbito de la Defensoría General de la Nación y tiene como objetivo ejercer la defensa técnica de usuarios del servicio de salud mental internados/as en forma involuntaria, cuya privación provenga del ámbito penal.