La delegación estuvo en 1979 y recibió miles de denuncias sobre los crímenes de la dictadura cívico militar que gobernaba el país.
Al cumplirse 44 años de la última dictadura cívico militar que sufrió nuestro país hacemos un breve repaso por la trama política y jurídica que permitió la reapertura de los juicios contra los responsables de los delitos atroces contra el pueblo argentino.
También, en el suplemento del Boletín Oficial de ayer, se incluyeron dos decretos de necesidad y urgencia más.
A las 10 am del martes se realizará dentro de la Comisión de Derechos Humanos la exposición llevada a cabo por Madres y Abuelas de Plaza de Mayo junto a otros organismos de DDHH. Se propone penalizar a quienes nieguen, minimicen gravemente o justificar el terrorismo de Estado, el genocidio, las desapariciones forzadas o la represión ilegal.
El planteo fue realizado por el entonces magistrado Orlando Arcángel Coscia, juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén.
Se trata de una serie de normas y principios éticos para la actuación de los miembros del máximo tribunal.
Así lo opinó la titular del área de derecho público no penal, Laura Mercedes Monti, al considerar que CABA tiene el mismo puesto que las provincias en el sistema normativo que rige la jurisdicción de los tribunales federales.
Luego de los respectivos dictamenes, llega el turno del tratamiento en el recinto.
Un repaso de las exposiciones a favor y en contra de la Interrupción Voluntaria del Embarazo durante la reunión de comisiones.
Lo dispuso la Justicia Federal frente a acción colectiva promovida por dos abogados. El Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema deberán presentar un informe de factibilidad y un cronograma para la implementación del sistema.
Entendió que no corresponde la competencia originaria de la Corte Suprema para tratar en los amparos interpuestos, y consideró que deben tramitar en la justicia provincial.
Se trata de miembros del Batallón de Comunicaciones 601 de City Bell que en el año 1977 asesinaron a una pareja en Berazategui. El tribunal también dispuso el reenvío de la causa para que se dicte un nuevo pronunciamiento por la sustracción, retención y ocultamiento de dos personas menores de 10 años en el caso.
Se trata de una decisión emblemática de la historia judicial en el país.
La agrupación Organizaciones Laicistas Argentinas (O.L.A) pretende que se deroguen normas clericales provenientes de las dictaduras a través de una Iniciativa Popular.
Algunas reflexiones en torno al Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
La medicación será destinada a una paciente con epilepsia refractaria cuyo tratamiento requiere la ingesta de cannabis medicinal
La decisión de la Justicia Nacional dejó sin efecto la medida cautelar solo respecto del varón y entendió que no se tuvo en cuenta el desequilibrio de poder existente entre la denunciante y el denunciado.
Indicó reglamentar el artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo, con el fin de que se operativice el derecho a descanso diarios que posee toda trabajadora que esté amamantando.
Mediante un amparo, el Máximo Tribunal ordenó el reconocimiento del costo del tratamiento para un chico con la enfermedad neurodegenerativa de lipofuscinosis.
Un repaso de las decisiones judiciales, las medidas legislativas, los actos del Poder Ejecutivo y otras noticias jurídicas relevantes de los últimos días.
Lo hizo el representante del Ministerio Público Fiscal ante el Fuero Contencioso Administrativo Federal, Fabian Canda.
La medida alcanza a los contribuyentes afectados por la bajante del río Paraná
Al cumplirse 46 años de la última dictadura cívico militar que sufrió nuestro país hacemos un breve repaso por la trama política y jurídica que permitió la reapertura de los juicios contra los responsables de los delitos atroces contra el pueblo argentino.
La medida se financiará con fondos del Tesoro Nacional destinados al Ministerio de Educación
Un resumen de las decisiones judiciales, las medidas legislativas y los actos del Poder Ejecutivo más destacados en los últimos días
Una decisión judicial ordenó rectificar publicaciones oficiales que identificaban y denominaban "patota" a un grupo de trabajadores sindicalizados que realizaron una acción gremial.
El análisis de una sentencia que sirve como punto de referencia en una temática cada vez más actual y que es motivo de discusión en muchos casos judiciales.
El Tribunal había emitido el veredicto condenatorio antes de su fallecimiento. Los jueces entendieron que los fundamentos de la sentencia no hacen más que integrar el veredicto, convirtiéndose así en un acto único.
Consideró que la designación de Doñate, por parte del Senado, no está en la esfera de la discrecionalidad política –sino jurídica- y que se encuentra afectado el interés de los senadores de Cambiemos, Juez y Schiavoni.
Mediante la opinión consultiva número 29 determinó la especial protección de la dignidad humana de mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, LGTBI y pueblos originarios privados de su libertad
La justicia federal norteamericana entendió que ese tipo de escaneo viola la privacidad de los y las estudiantes sin que sea una herramienta útil para evitar "trampa".
Se trata de dos sentencias en las, con base en el derecho internacional de los derechos humanos, se decidió en ese sentido.
Un contenido sustancial de la garantía constitucional del debido procedimiento administrativo
Así lo resolvió el juez federal Santiago Carrillo. También, decretó la nulidad de la disposición de la Dirección Nacional de Migraciones que había declarado irregular su permanencia en el territorio nacional y ordenaba su expulsión.
Consideró que existió un "fraude interjurisdiccional" al elegir a Neuquén para su constitución. Además, ordenó iniciar una acción judicial para designar interventor del fideicomiso.
A 18 años de una decisión emblemática de la historia judicial en el país que implicó la eliminación de los obstáculos que impedían juzgar los delitos cometidos durante la última dictadura cívico-militar.
Su nulo impacto jurídico en el ordenamiento legal de la República Argentina.
Pese a la negativa de los médicos, el fallo hizo prevalecer el pedido manifestado por el propio paciente en su estado lúcido y la autorización de la familia.
Se trata del planteo de un sindicato contra las modificaciones laborales y de un grupo de ex combatientes de Malvinas contra la derogación de la Ley de Tierras.
El affaire de Lago Escondido sigue escondido
La Corte había aclarado que resolvería el planteo luego de la feria judicial de enero.
Lo había iniciado la Comisión Provincial por la Memoria, el juez Recondo consideró que no se acreditó un "peligro cierto para la institucionalidad".
Lo decidió la Justicia Federal de Mar del Plata, al condenar con multa y decomisar un inmueble que pertenecía a los hijos de Miguel Save, un ex integrante de la SIDE que compró el terreno con dinero robado a un militante asesinado en 1976. Consideraron que el lavado de activos es un “delito permanente” que se mantiene en el tiempo.
El monto fue fijado en más de 44 millones de pesos, luego de la solicitud realizada por la Defensoría de Víctimas para cumplir con la reparación integral a una mujer que fue explotada sexual y laboralmente durante 5 años.
Se trata de una condena de multa y decomiso de un inmueble que pertenecía a los hijos de Miguel Save, un ex integrante de un grupo de la SIDE comandado por Aníbal Gordón, que compró el terreno con dinero robado a un militante asesinado en 1976. El decomiso de los terrenos operará como reparación comunitaria por los delitos de lesa humanidad.
Luego de no haber logrado arribar a una cifra en común, publicaron este jueves la Resolución que fija el mínimo en $254.231 para julio.
Un pedido buscaba saber la cantidad, raza, nombre, edad y sobre su estadía en la residencia presidencial. Barra consideró que se tratan de aspectos privados no alcanzados por la Ley de Acceso a la Información Pública.
Comentario al fallo “City of Grants Pass v. Johnson”, donde la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió a favor de la constitucionalidad de una ordenanza que prohibía dormir en espacios públicos.
El fundamento del Poder Ejecutivo es que invade las competencias propias del Ministerio Público Fiscal en materia de investigación de hechos delictivos, afectando la división de poderes
La autonomía universitaria, la autorización para funcionar del Poder Ejecutivo y la inconstitucionalidad de la Resolución 45/24 del Ministerio de Capital Humano de la Nación.