En el 2002 Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de las normas que instauraron el corralito y ordenó la restitución del dinero depositado.
Se trata de una medida cautelar dispuesta por un juez marplatense con el fin de que el Banco Galicia suspenda todos los efectos de la operación, por cuanto la indisponibilidad de los montos a debitar implicarían una afectación irreparable para la víctima.