- viernes 16 de mayo del 2025
Introdujo varios cambios. Entre ellos, dispuso que el Estado nacional no podrá utilizar la contratación directa “con universidades ni con otras casas de estudio, sean nacionales o provinciales”.
Creado por la Ley N° 26.117 en el año 2006, se encargaba de fomentar el desarrollo integral de las personas, a los grupos de bajos recursos y a las organizaciones de la sociedad civil; entre los argumentos se menciona la necesidad de acotar los gastos según la emergencia pública expuesto en el DNU 70/23 y la Ley Bases.
En una Sesión Especial se votó por mayoría la destitución del legislador que se lo encontró con USD 200.000 sin declarar en el ingreso a Paraguay; ordenaron allanar su despacho.
Así lo estableció el Gobierno mediante la norma 1084/2024 con el argumento de que puede interpretarse como propaganda política: “Existe una práctica abusiva del uso de recursos públicos para la promoción personal de funcionarios con la pretensión de glorificarlas”, sostuvieron. También incluyeron la no imposición de ideas en el ámbito educativo.
La medida se publicó este martes en el Boletín Oficial bajo el Decreto Nº 1081/2024; desde ahora se requerirán 18 años de edad para el uso, tenencia y portación.
Mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia declaró finalizada la emergencia y la suspensión de la ejecución de sentencias y actos procesales o administrativos que ordenen el desalojo, instaurada por la denominada ley de relevamiento territorial de comunidades indígenas
A partir del 16 de diciembre, los comercios y personas que figuren en la base de la ARCA bajo esta categoría no podrán utilizar estos medios para cobrar o pagar vía transferencia, tarjetas de crédito, débito y compras y otros mecanismos.
Casal opinó que el artículo 132 de la Constitución de Formosa, en tanto admite la reelección indefinida, se aparta de la necesaria periodicidad y renovación del mandato de las autoridades, previsto en la Constitución Nacional.
La abogada Florencia Misrahi fue removida por apartarse de "los ejes centrales de este gobierno, que es la simplificación del régimen tributario". En su lugar, se designó al abogado Juan Alberto Pazo, proveniente del área de Producción del Ministerio de Economía.
Tenía 86 años y representaba al estamento de la Abogacía en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Fue Diputado de la Nación y abogado de la CGT.
