El planteo de la inhibitoria por parte del Ministerio de Salud de la Nación surge a raíz de la causa iniciada en la provincia de Salta donde se cuestiona la constitucionalidad de la Ley 27.610.
Se trata de 10 nombramientos de jueces y juezas que se desempeñarán en distintos fueros y tres representantes del Ministerio Público.
Fue en el marco de un homicidio que ocurrió en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza producto de un enfrentamiento entre dos personas privadas de su libertad.
Así lo dispuso el juez a cargo del Juzgado Federal N° 1 de Resistencia ante una acción que carecía de legitimación activa para ser interpuesta. La demanda fue iniciada por la Junta Promotora del Partido NOS de la Provincia de Chaco.
La resolución se da luego que la Cámara en lo Contencioso, Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo rechazara la recusación del juez Roberto Gallardo.
En el caso de los trabajadores en relación de dependencia, tributarían aquellos que superen el salario bruto mensual de 150.000 pesos y las jubilaciones superiores a ocho haberes mínimos. El proyecto beneficiaría a más de 1.267.000 empleados y jubilados.
Así lo dispuso mediante Resolución 54/2021, publicada en el Boletín Oficial.
El personal continuará realizando tareas presenciales con turnos rotativos y se mantendrá la modalidad de teletrabajo.
Se tuvo en cuenta la distancia del lugar de residencia del progenitor –Vancouver, Canadá- y las restricciones vigentes en el marco de la pandemia del COVID-19.
El titular de la Asociación Civil Centro de Desarrollo y Atención Social Amor en Acción presentó la acción por considerarla arbitraria y contraria a la Constitución Nacional.