La medida dictada en el marco de la emergencia pública se extiende hasta el 30 de junio.
Es por el cierre masivo de ingenios azucareros pergreñado durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía.
Así lo estableció un tribunal federal de Salta, ante el pedido de la recientemente creada Defensoría Pública de Víctimas de esa provincia. En lugar de decomisar el dinero secuestrado, se ordenó su distribución en partes iguales a las nueve víctimas del delito.
La norma prevé establecer el presupuesto anual destinado al organismo.
El máximo tribunal penal provincial expresó que la sentencia dictada por el juez técnico en la audiencia de cesura no puede aplicar agravantes que no fueron incluidas dentro de las instrucciones brindadas al jurado.
Solicitaron la inconstitucionalidad del DNU 287/2021, en tanto suspende y limita la realización de ceremonias religiosas, por la emergencia sanitaria.
La medida fue publicada en la edición del Boletín Oficial de hoy
La medida permite el desarrollo de los encuentros futbolísticos previstos por Copa Libertadores y Copa Sudamericana para esta semana, así como los entrenamientos de atletas profesionales.
La Acordada va en consonancia con las medidas sanitarias adoptadas por el Poder Ejecutivo de la Nación, con el objetivo de disminuir la atención presencial y la concurrencia de profesionales en los tribunales.
La modificación exime del tributo a trabajadores y trabajadoras cuyos salarios asciendan hasta $150.000 pesos.