• sábado 28 de enero del 2023
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¿Nuevos horizontes en la protección de los consumidores?

El pasado 29 de agosto ingresó en el Senado de la Nación un proyecto de ley que busca reemplazar la actual Ley Nacional 24.240 de Defensa del Consumidor. Dicha sustancial modificatoria que se encuentra enmarcada en el programa Justicia 2020 es, a su vez, resistida por asociaciones de defensa del consumidor, especialistas y otras organizaciones y organismos de protección de derechos.

En el marco del Programa Justicia 2020, del Ministerio de Justicia de la Nación, y la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor del Ministerio de la Producción se impulsó la realización de un Anteproyecto que busca modificar en su totalidad la normativa de consumo, reemplazando la actual Ley 24.240. Con dicho propósito se creó una Comisión encargada de la redacción que fue conformada por juristas que se desempeñan en diferentes ámbitos académicos y funcionarios públicos.

Confeccionado el Anteproyecto por dicha comisión exclusivamente, se realizaron una serie de “audiencias públicas” en distintos puntos del país. Éstas, no escaparon a ciertas críticas que puntualizaron, que en algunos casos dichas audiencias adolecieron de invitación a organismos públicos especializados en la materia o en la defensa de derechos humanos, como también de asociaciones de defensa del consumidor.

Finalmente el pasado 29 de agosto se ingresó para su tratamiento en el Senado de la Nación el Proyecto de Ley S-2576/19 que contó con la firma de Alfredo Luis De Angeli, Julio César Cleto Cobos, Gladys Esther González, Esteban Jose Bullrich, entre otros, que consta de 186 artículos y propone la derogación de la conocida Ley 24.240 del año 1993, reemplazándola por una nueva ley que trae consigo varias modificaciones respecto de la situación actual.

Mencionaremos algunas que, a nuestro modo de ver, son las modificaciones de mayor relevancia en cuanto al arduo trabajo que viene desarrollándose tanto a nivel doctrinal como jurisprudencial desde la sanción de la Ley 24.240 y su consagración constitucional en el año 1994.

Una modificación, que podría pasar inadvertida, pero que resulta de enorme relevancia es que el orden público de protección deja de tener la naturaleza de regla general imperativa y se lo coloca como un mero principio genérico. Actualmente ésta característica impide cualquier renuncia de los derechos amparados por la ley, ello la configura en piedra angular del sistema protectorio de consumidores y usuarios, que de prosperar el actual proyecto implicaría que dicho orden público debería ponderarse en cada caso frente a otros principios y reglas.

También se plantean cambios respecto del deber de información de las empresas, donde se propone relativizar los efectos de su incumplimiento que en la actualidad pueden llevar hasta a la nulidad de cualquier operación.

En sintonía con ello se tiende a la eliminación de la información en soporte papel. Esto, que podría verse como un adelanto tecnológico, en el contexto actual podrá acarrear la afectación a los consumidores más vulnerables que en muchos casos no cuentan con acceso a Internet u otros medios digitales, o no saben bien cómo utilizarlos.

La fuerza vinculante y obligatoria a la publicidad comercial también se vería modificada, esto porque el proyecto en su lugar establece que la publicidad sólo obligaría a los comercios y empresas cuando los consumidores efectivamente contraten o adquieran un producto o servicio. Este cambio podría incentivar un escenario propicio para engaños publicitarios.

Como contrapartida de este cambio de paradigma sobre la publicidad en materia de comercio electrónico, los portales de venta on line sólo serían responsables cuando se demuestre que desempeñaron un “rol activo” en la operación o que generaron una “particular confianza” en los consumidores. Ello posibilitaría que las plataformas de comercio electrónico se eximan de responsabilidad si de modo destacado indicaran que actúan como un foro de transacciones.

Por último en materia de daño punitivo serían los jueces quienes establezcan el destino de la indemnización, a diferencia de la actual regulación que prevé que ella sea destinada al consumidor que impulsó la acción judicial. Indudablemente esto resulta relevante por ser uno de los principales incentivos para que la sociedad civil se involucre en el control en materia de consumo.

Como toda gran modificación, ha generado posiciones encontradas. En este caso como se mencionara, se encuentra un sector académico importante que junto con el impulso oficial propone esta modificación total de la Ley 24.240, y por el otro, ya son varias las voces de académicos, asociaciones del consumidor y organismos públicos que señalan los puntos críticos del proyecto que se encuentra en tratamiento de labor parlamentaria.

Aún queda mucho por recorrer, pero la pregunta central deberá ser si este proyecto termina por proteger de modo regresivo los derechos de los consumidores y usuarios consagrados en el artículo 42 de nuestra Carta Magna respecto de cómo se encuentran hoy protegidos por la normativa vigente.

Accede al Proyecto de Ley S-2576/19

Accede al video del Prof. Dante Rusconi

Accede a 43 retrocesos para los consumidores (Justicia Colectiva)

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