Se presentó en el marco del 40°aniversario del Centro de Estudios Legales y Sociales. El documento tiene 11 capítulos y destaca las desigualdades en materia de derechos humanos. Se trata de la primera producción del organismo escrita en lenguaje no binario.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó su informe anual sobre Derechos Humanos 2019. El documento tiene once capítulos y pone énfasis en la existencia de desigualdades, los obstáculos para la participación política y la opacidad de los mecanismos del poder, público y privado.
Asimismo, advierte sobre la forma en que en un contexto de crisis económicas agravadas por políticas neoliberales, los discursos políticos electorales construyen narrativas anti derechos señalando a determinados sectores internos como enemigos internos. También, menciona la dificultad en el desarrollo de derechos sociales y económicos frente a un debilitamiento del sistema de salud y el acrecentamiento de la desigualdad y la protección social.
El informe adopta una postura crítica frente al Gobierno actual y hace referencia a dos decretos que, a principio de 2015, comenzaron socavando el diseño jurídico de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Además, remarca la ampliación del Estado en sus funciones represivas; aumentando la vigilancia, acopiando información y criminalizando la protesta.
Cabe destacar que se trata de la primera producción del organismo escrito íntegramente en lenguaje no sexista y no binario, lo que comúnmente es llamado como “lenguaje inclusivo”, declarando que el masculino genérico se tornó incómodo e inaceptable. Tras diferentes procesos para reducir dicho masculino genérico la editorial propuso esta nueva utilización del lenguaje, decisión que fue rápidamente aceptada y sencilla de implementar.
El Centro de Estudios Legales y Sociales es un organismo de derechos humanos creado en el año 1979. Las acciones del CELS se dirigen a la consolidación del Estado democrático, la incidencia en políticas públicas, la ampliación del ejercicio efectivo de los derechos, el acompañamiento a las víctimas y la búsqueda de justicia.
Hoy sus principales áreas de trabajo son: la memoria, la verdad y la justicia por los crímenes cometidos en el marco del terrorismo de Estado; la violencia institucional y las políticas de encarcelamiento. La inclusión social y los derechos económicos, sociales y culturales, las políticas públicas en materia de salud mental, las reformas del sistema de justicia, los derechos de las personas migrantes, los derechos sexuales y reproductivos y la libertad de expresión.