- lunes 28 de abril del 2025
Con la reciente sanción de la Ley 15.520, la Provincia endurece las restricciones para quienes incumplen con el pago de la cuota alimentaria. La norma amplía el alcance del Registro de Deudores Alimentarios Morosos e impide que accedan a ciertos beneficios y cargos públicos.
El Senado y la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires sancionaron la Ley 15.520, que introduce modificaciones a la normativa vigente sobre el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM). Con esta nueva legislación, se busca fortalecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y endurecer las restricciones para quienes incumplan con el pago de la cuota alimentaria fijada judicialmente.
La modificación se aprobó el pasado 27 de marzo por la Cámara de Diputados, se promulgó mediante el Decreto 647/2025 del Gobernador de la Provincia que se publicó hoy en el Boletín Oficial, quien envió el proyecto al Poder Legislativo bonaerense.
Un marco legal más estricto
La ley introduce cambios clave en la normativa que regula el Registro (Ley 13.074), ampliando las restricciones para los deudores alimentarios morosos. Entre las nuevas disposiciones, se destacan la prohibición de realizar trámites como la apertura de cuentas bancarias, la obtención de tarjetas de crédito y la habilitación de comercios e industrias sin presentar un certificado de "libre deuda" del RDAM.
Además, la legislación establece que las personas inscriptas en el registro no podrán acceder a concesiones, licitaciones ni programas de financiamiento estatal hasta regularizar su situación. También se exigirá este certificado a quienes aspiren a cargos públicos, incluyendo magistrados, funcionarios del Poder Judicial y postulantes a cargos electivos.
Un problema estructural con impacto en la desigualdad de género
Según el Informe 2022 "Incumplimiento de la obligación alimentaria en la Provincia de Buenos Aires: Un problema estructural que profundiza las desigualdades de género”, elaborado por el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia, la inscripción en el RDAM no ha demostrado ser una herramienta lo suficientemente efectiva para obligar al pago de las cuotas adeudadas. En muchos casos, la falta de consecuencias reales ha llevado a que este mecanismo pierda su utilidad.
El informe también destaca que la falta de pago de la cuota alimentaria no solo afecta a los menores de edad, sino que también genera una clara forma de violencia económica hacia las mujeres, quienes suelen ser las responsables principales del cuidado de sus hijos. En este sentido, la nueva normativa busca reforzar la efectividad del RDAM como un mecanismo para garantizar la justicia y la equidad en el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.
Medidas para aumentar la efectividad del Registro de Deudores Alimentarios Morosos
Uno de los puntos centrales de la reforma es que la inscripción en el RDAM ya no dependerá exclusivamente de la solicitud de la parte afectada, sino que podrá ser ordenada de oficio por el juez interviniente. Esto permitirá una mayor eficiencia en la aplicación de la ley y evitará demoras burocráticas que muchas veces dificultan la obtención de justicia para los niños, niñas y adolescentes.
Asimismo, la normativa se alinea con la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece que los recursos judiciales no solo deben existir en el papel, sino que deben ser efectivos en la práctica. En este contexto, las nuevas restricciones buscan convertir al RDAM en una herramienta de presión más eficaz para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.
Una ley con perspectiva de derechos humanos
El incumplimiento del pago de la cuota alimentaria no solo representa una vulneración del derecho de los menores a la alimentación, sino que también impacta en su derecho a la educación, salud y vestimenta, afectando su calidad de vida. Con esta reforma, el Estado provincial refuerza su compromiso en la lucha contra la desigualdad y la violencia económica, priorizando el bienestar de niños, niñas y adolescentes.
La sanción de la Ley 15.520 marca un avance significativo en la protección de los derechos alimentarios y en la consolidación de un sistema judicial más efectivo en la provincia de Buenos Aires. Ahora, la efectividad de su aplicación será clave para determinar si las nuevas disposiciones logran el objetivo de garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y reducir las situaciones de vulnerabilidad de los menores.
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