- lunes 28 de abril del 2025
Así lo dispuso el Ministerio de Seguridad Nacional de Patricia Bullrich mediante la Resolución 357/2025; la medida intenta capturar a las personas participantes de la manifestación el pasado 12 de marzo.
En el marco de una nueva convocatoria en defensa de los jubilados, el Ministerio de Seguridad Nacional ofreció $10 millones de pesos para quienes brinden datos útiles que permitan identificar y lograr la captura de los autores responsables de haber promovido disturbios y delitos en la zona del Congreso Nacional el miércoles pasado.
Lo hizo a través de la Resolución 357/2025 publicada este miércoles en el Boletín Oficial y firmada por la Ministra de Seguridad Nacional Patricia Bullrich.
La movilización de la semana pasada según el informe de la Comisión Provincial por la Memoria y la cautelar presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), fue la “más violenta represión a la protesta social desde el 2001”, donde al menos 672 personas fueron heridas. En este marco, el Gobierno impulsó la medida para buscar a quienes hayan cometido actos “desestabilizadores”.
“Es de público y notorio conocimiento que miembros de grupos organizados y ´barras bravas´ de diferentes parcialidades futbolísticas, con la excusa de apoyar una manifestación de personas jubiladas, promovieron disturbios con fines desestabilizadores en la zona del Congreso Nacional el 12 de marzo de 2025”, sostiene el Ministerio de Bullrich en los argumentos de la Resolución.
En el artículo 2° de la norma se aclara que quienes tengan información se pueden comunicar telefónicamente con el Programa Nacional de Recompensas, dependiente de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos, llamando a la línea 134.
Dentro del recuento realizado por el Ministerio de Seguridad Nacional, los grupos movilizados “no tenían nada que ver” con los propósitos convocantes y, una vez en la Plaza de los Dos Congresos, “comenzaron a agredir a las Fuerzas Policiales” con varios elementos y “armas de fuego”.
Esto culminó, según se detalla en la Resolución 357/2025, con que los “grupos violentos” incendiaron patrulleros, dañaron bienes públicos, y lesionaron a más de una decena de efectivos. Dichos actos son encuadrados por el Ministerio de Bullrich como prima facie de los delitos de “sedición, asociación ilícita agravada y atentado contra el orden constitucional y la vida democrática”.
Sobre el final de la Resolución el Ejecutivo advirtió: “En caso de registrarse nuevas manifestaciones con características similares a las descriptas, [se] podrá adoptar medidas análogas, a fin de preservar la paz social y asegurar el respeto a las normas vigentes”.
Afiche de difusión
En la recién citada medida cautelar del CELS junto a Amnistía Internacional y el Sindicato de Prensa de la Ciudad de Buenos Aires (SIPREBA) se lee el objeto primordial: ordenar a las Fuerzas de Seguridad a garantizar el derecho a la vida, la libertad de expresión y suspender el Protocolo “Antipiquetes” (Resolución 943/2025).
Si bien el titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N°11, Martín Cormick, resolvió rechazar la medida cautelar solicitada, expresó que vigilará la manifestación.
Por tales motivos, este 19 de marzo el titular del Juzgado “observará presencialmente con suma atención todo lo que allí suceda a efectos de incorporar de oficio - a través de los medios probatorios previstos en el CPCCN (aplicable supletoriamente -art. 17 ley de amparo)- toda prueba relativa a cualquier conducta, hecho y/o acto que resulte procedente para resolver la cuestión en debate en estos autos, tal es el planteo de inconstitucionalidad de la Resolución 943/23 (Protocolo de Seguridad)”.
Accedé a la cautelar presentada por CELS, Amnistía y SIPREBA
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