• domingo 16 de febrero del 2025
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Un siglo de la "Masacre de Napalpí": condenas, juicio por la verdad y deudas pendientes

El 19 de julio de 1924, cientos de integrantes del pueblo Toba fueron asesinados por miembros de la Policía Montada y de Gendarmería. Cien años después, la herida sigue abierta.

En 1924, la actual provincia del Chaco –en su mayoría dedicada a la producción algodonera– era entonces Territorio Nacional gobernado por Fernando Centeno, quien había prohibido a la comunidad de Napalpí, integrada x miembros de los pueblos originarios Qom y Moqoit, emigrar más allá de los límites de la "reducción aborigen".

Las reducciones eran en realidad zonas en las que se confinaba a las poblaciones originarias, y se las sometía a trabajo esclavo, "pagos" con mercadería manejada por el Estado cuyas entregas pocas veces se concretaban, torturas y vejaciones, sometimiento de niños, niñas y mujeres, enfermedades y hambruna.

Frente a esas condiciones, centenares de aborígenes Quom y Moqoit se reunieron en la zona de Aguará, a modo de huelga y para reclamar por las condiciones a las que se encontraban sometidos.

La respuesta estatal, es decir, el genocidio de la población, aconteció el 19 de julio de 1924, cuando el Regimiento de Gendarmería de Línea y la Policía Montada avanzaron sorpresivamente sobre las y los indígenas, arrojando comida a modo de distracción, para luego acribillarlos a balazos, y someterlos a torturas, violaciones, empalamientos, incineraciones.

Se desconoce el número exacto de muertos, se habla de hasta 1500. Muchos fueron enterrados en fosas comunes e incinerados. Son pocos los restos que se recuperaron a lo largo del tiempo, algunos fueron devueltos a las comunidades.

Años después, se produjeron algunos avances y retrocesos judiciales, tanto en lo que respecta a la exposición de la verdad de los hechos y la responsabilidad del Estado en su comisión, como en lo relacionado con las medidas reparatorias reiteradamente reclamadas por los pueblos víctimas del obrar estatal, como por las asociaciones que los representan.

En 2004, la Asociación Comunitaria de La Matanza promovió acciones contra el Estado Nacional que, tras el resultado adverso de primera instancia, obtuvo resolución favorable de Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia en 2020, la cual ordenó el pago de una indemnización integral para la comunidad e inversiones para el desarrollo del pueblo Toba por parte del Estado Nacional.

Sin embargo, en noviembre de 2023 la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la sentencia, por considerar que la asociación actora no había acreditado la representación invocada, y rechazó la demanda.

Por otra parte, en 2021 la Justicia Federal de Resistencia ordenó la tramitación de un juicio por la verdad para investigar los hechos ocurridos, que culminó con el veredicto del 19 de mayo de 2022, en el que la jueza Zunilda Niremperger consideró responsable de la masacre al Estado Nacional y calificó a los asesinatos ocurridos como "crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de un proceso de genocidio de los pueblos indígenas". 

Además, ordenó una serie de medidas reparatorias como la proyección de la totalidad del juicio en la Televisión Pública, la realización un plan de trabajo para continuar con las excavaciones, búsqueda y exhumaciones de fosas comunes de las víctimas, con aportes de recursos por parte del Estado Nacional, la restitución a la Comunidad los restos óseos encontrados, la inclusión de los hechos probados en juicio dentro de los diseños curriculares a nivel nacional en los niveles Primario, Secundario, Terciario y Universitario, entre otras.

Actualmente, más allá de algunos avances, tales medidas no se encuentran cumplidas en su totalidad.

 

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