• lunes 17 de junio del 2024
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Personas Electrodependientes: La Resolución N° 330/2024 y la restricción de derechos

Por Walter Martello (*)
Invitado en Palabras del Derecho

La reciente Resolución N° 330/2024 del ENRE, que actualiza la normativa sobre la provisión de Fuente Alternativa de Energía (FAE) para personas electrodependientes, ha generado una fuerte controversia. Este nuevo marco legal presenta serias implicaciones negativas para un grupo vulnerable de nuestra sociedad y plantea varias preocupaciones desde el punto de vista jurídico y de derechos humanos.

En primer lugar, la resolución restringe el acceso al financiamiento de las adecuaciones eléctricas domiciliarias exclusivamente a los beneficiarios del subsidio a la energía eléctrica del segmento de menores ingresos (N2). Esta medida excluye injustamente a los usuarios con ingresos medios (N3), quienes también enfrentan dificultades significativas para cubrir estos costos. Este recorte no solo es arbitrario sino también inequitativo, ya que deja a muchas familias en una situación de desprotección económica, afectando su derecho fundamental a la salud y a una vida digna.

La ley N° 27.351, sancionada en 2017, consagra el derecho de las personas electrodependientes a recibir un suministro eléctrico constante y adecuado. Sin embargo, la nueva resolución parece contradecir el espíritu de esta ley al imponer barreras adicionales para el acceso a un derecho ya garantizado.”

Al restringir el financiamiento a un grupo reducido, se vulnera el principio de igualdad ante la ley y se margina a quienes, aunque no se encuentren en el segmento de menores ingresos, todavía necesitan apoyo financiero para asegurar la instalación de la FAE en sus hogares.

Además, la resolución carece de justificación empírica y técnica. No se menciona ningún estudio o informe económico que sustente la decisión de limitar el financiamiento únicamente a los usuarios de menores ingresos.”

Esta falta de transparencia y de fundamentación técnica socava la legitimidad de la medida y genera desconfianza entre los afectados.

Es importante destacar que el financiamiento de las adecuaciones eléctricas domiciliarias proviene de la "Cuenta Solidaria para Personas Usuarias Vulnerables", alimentada por las multas a las distribuidoras de energía por deficiencias en el servicio. Este fondo, por lo tanto, pertenece a los usuarios y no al Estado ni a las empresas. En este sentido, limitar el acceso a estos recursos es, en esencia, restringir el uso de un dinero que debería estar disponible para todos los usuarios electrodependientes que lo necesiten, sin importar su nivel de ingresos.

“La Resolución N° 330/2024 representa un retroceso en la protección de los derechos de las personas electrodependientes. En un contexto económico nacional marcado por altos niveles de pobreza e inflación, es crucial que las políticas públicas sean inclusivas y garanticen el acceso igualitario a servicios esenciales.”

En lugar de restringir derechos, el ENRE debería buscar mecanismos más justos y equitativos que permitan a todas las personas electrodependientes acceder a los recursos necesarios para instalar una FAE, independientemente de su situación económica.

En conclusión, la Resolución N° 330/2024 del ENRE debe ser reconsiderada y modificada para asegurar que todas las personas electrodependientes puedan ejercer plenamente sus derechos consagrados por la ley. La defensa de estos derechos no solo es una cuestión de justicia social, sino también de cumplimiento de principios fundamentales de equidad y dignidad humana.

 

(*) Defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia de Buenos Aires y ex interventor del ENRE.

 

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