- martes 10 de septiembre del 2024
Se trata de la causa iniciada por una denuncia penal de Juan Grabois contra la Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, por la falta de entrega de alimentos en comedores.
La Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, con los votos de los jueces Martín Irurzun, Eduardo Guillermo Farah y Roberto José Boico, confirmó la decisión del Juez Federal Sebastián Casanello que ordenó al Ministerio de Capital Humano de la Nación a elaborar un plan de distribución de los alimentos acopiados en los galpones de Villa Martelli en Vicente López y Tafí Viejo en la provincia de Tucumán.
La denuncia fue iniciada por el abogado, dirigente social y político, Juan Grabois, contra la Ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, por la falta de entrega de alimentos en los comedores barriales y comunitarios del país “violando así, normas que ordenan garantizar el alimento a quienes están padeciendo situaciones de extrema pobreza e incumpliendo sus obligaciones como ministra con competencia directa…”.
Luego de que el Ministerio Público Fiscal dispusiera medidas de investigación, una nota periodística de El Destape arrojó que existían dos centros de logística utilizados por el Ministerio de Capital Humano (en Villa Martelli y Tafí Viejo) donde se encontraría una gran cantidad de alimentos sin entregar.
A partir de ello, el pasado 27 de mayo el juez Sebastián Casanello ordenó al Ministerio de Capital Humano que entregara un listado con el stock de alimentos en ambos depósitos y elaborara un plan de entrega distribución de dichos alimentos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato, lo cual debía ser informado al juzgado en el plazo de 72 horas.
Esa medida fue apelada por el Ministerio de Capital Humano, lo que motivó la audiencia ante la Cámara Federal de Apelaciones celebrada en el día de ayer y la decisión tomada este miércoles.
Si bien la investigación del delito se encuentra en trámite, los magistrados de la Cámara entendieron que la medida adoptada por Casanello obedece a que lo que se trata es de hacer cesar la suspensión ilegítima de la asistencia alimentaria que se brindaba a comedores comunitarios. En efecto, se trata de “bienes que -por su naturaleza perecedera y el contexto de emergencia alimentaria exigieron acciones rápidas para evitar que el devenir procesal del expediente torne imposible su posterior utilización”.
Para el juez Irurzun, el argumento del Gobierno de que esto implica una “intromisión indebida” de la Justicia en el ámbito del Ejecutivo es improcedente, ya que “no están en discusión las políticas de Estado en materia de seguridad alimentaria sino, lisa y llanamente, si existió una ilícita actuación de funcionarios públicos que agravó aún más la situación catastrófica en la que se encuentra un importante grupo de personas que no tienen sus derechos humanos básicos cubiertos”.
Por ello, la Cámara confirmó la decisión adoptada por Casanello que obligó al Ministerio de Capital Humano a acompañar un plan de distribución de alimentos dentro de las próximas 72 horas.
Finalmente, los magistrados –por mayoría- ordenaron enviar oficios al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (dado que tanto Grabois como Gianni son abogados/as) y al Ministerio de Capital Humano de la Nación a fin de que evalúen la eventual responsabilidad disciplinaria por las discusiones mantenidas en la audiencia celebrada en el día de ayer.
Sala II – CFP 357/2024/1/1/CA1
MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO s/medidas
