- sábado 07 de diciembre del 2024
Se suma a otras presentaciones realizadas a lo largo del país contra las consecuencias adversas de la vacuna AstraZeneca.
Una pareja cordobesa interpuso una demanda de daños y perjuicios contra AstraZeneca S.A y el Poder Ejecutivo Nacional ante los efectos de la inoculación de la vacuna contra el COVID, elaborada por la empresa británica. La acción se radicó en el Juzgado Federal de Rio Cuarto, a cargo de Carlos Arturo Ochoa.
La señora accionante relata en los hechos que, siguiendo las recomendaciones, acudió al centro de vacunación de Coronel Moldes y se inoculó la tercera dosis de la vacuna contra el COVID, marca ASTRAZENECA lote 77946. Tras la dosis, la demandante expresa que comenzó a sentir calambres fuertes y severos dolores que no le permitían ponerse de pie. Tras agravarse su cuadro, se le diagnosticó síndrome de Guillain Barre (polineuropatía inflamatoria desmielizante aguda).
Tras conocer su patología, la señora reclama una indemnización por más de 70 millones de pesos en concepto de incapacidad sobreviviente, pérdida de chance, daño moral y daño punitivo y emergente. En el caso de la pareja, reclama daño moral ante la discapacidad que padece su conviviente.
Por otra parte, la demandante reclama la inconstitucionalidad de la Ley 27.573, denominada comúnmente como Ley de Vacunas. En particular, señala que la cláusula de indemnidad patrimonial, en favor de los laboratorios, es claramente inconstitucional, "pues establece privilegios infundados quebrantando ostensiblemente el principio de igualdad ante la ley y el derecho a la propiedad de los damnificados por efectos adversos de las Vacunas".
A criterio de la actora, el Estado "no previno, ni controló las condiciones de seguridad a la que tienen derecho los consumidores de productos medico sanitarios, deber de seguridad inescindible a la función estatal", elemento que configura la responsabilidad estatal. En el caso de AstraZeneca, la accionante considera que debe responder objetivamente al ser el laboratorio farmacéutico responsable y propietario de la actividad económica en cuestión.
La acción interpuesta en la Justicia Federal de Córdoba se suma a otras presentaciones judiciales radicadas en otras jurisdicciones como Rosario o Capital Federal.
