• viernes 12 de abril del 2024
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Las últimas joyas de la abuela: ¿Qué pasará con las hidroeléctricas?

Interrogantes sobre un recurso estratégico en el marco del proceso de transición energética global.

Por Roque Nicolás Caputo (*)
Invitado especial en Palabras del Derecho

En agosto de 2023 comenzaron a vencer los plazos de concesión de los complejos hidroeléctricos más importantes del país. Estos establecimientos de utilidad nacional, a diferencia del parque térmico que se vendió, fueron concesionados cuando se privatizaron las empresas públicas responsables de construirlos y operarlos, Hidroeléctrica Norpatagónica S.A. (Hidronor) y Agua y Energía Eléctrica S.E. (AyEE).

Las concesiones que ya vencieron son las correspondientes a los complejos del Comahue, los de mayor potencia instalada y que más energía suministran, Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Aún quedan por vencer los plazos contractuales de otros complejos, como por ejemplo Futaleufú, clave para la industria del aluminio.

A pesar de haber perdido participación en la matriz energética frente al aumento de la generación térmica desde las reformas de los '90, la energía hidráulica sigue siendo una de las principales fuentes de generación eléctrica en Argentina. Además, cumple un rol fundamental en el despacho técnico y económico y resulta un complemento vital para el desarrollo de las energías renovables.

Esto último es de suma importancia, porque el vencimiento de los plazos de estos contratos ocurre en el marco de una transición energética global que busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mitigar el cambio climático. Sumado a ello, las centrales hidroeléctricas de los complejos tienen un promedio de vida que requieren grandes inversiones para su renovación, por lo que la discusión sobre su destino se vuelve aún más importante.

A pesar de la importancia de este asunto, se aprecia una indolencia abrumadora por parte de los actores públicos involucrados. El Gobierno anterior insinuó una muestra de planificación con la conformación de un equipo que realizó un relevamiento sobre el estado de los complejos, pero su trabajo se diluyó en la burocracia debido a dificultades técnicas y políticas y al cambio de administración.

Sin embargo, en el proyecto de ley de presupuesto nacional para el año 2024 el Gobierno anterior incorporó un artículo que establecía que la administración, operación y explotación de cada uno de los aprovechamientos hidroeléctricos otorgados oportunamente en concesión sería asumida por una sociedad subsidiaria de ENARSA. Previo a la remisión del proyecto de ley, ante la inminencia del vencimiento del plazo de los contratos y la falta de definiciones, se decidió iniciar el periodo de transición optativo previo a la reversión.

Debe tenerse presente que la reversión de las concesiones al Estado nacional opera de pleno derecho y aunque actualmente continúa el período de transición, éste no puede superar el año. En otras palabras, en agosto de este año los complejos mencionados deben volver a manos del Estado nacional.

A pesar de lo exiguo del plazo para la reversión, la administración actual no manifestó nada sobre el destino de los complejos. Se puede suponer que, dada la ideología y dogmatismo del Poder Ejecutivo nacional, serán reprivatizados, pero no dan los tiempos para convocar una licitación de las características que se necesitan para lograrlo. La prórroga de los contratos no está prevista normativamente.

Más allá de si vuelven a ser administrados por el Estado o se vuelven a concesionar, existen varias problemáticas que necesitan ser resueltas, como los conflictos existentes sobre el manejo de aguas, la seguridad de presas o las regalías que deben percibir las provincias y es la oportunidad perfecta para adaptar la regulación existente que está dispersa y desactualizada, otorgando, de este modo, un horizonte seguro que permita las inversiones que se necesitan.

También será necesario en el nuevo esquema de concesiones que las provincias otorguen los permisos correspondientes para el uso del recurso hídrico, ya sea a través de la emisión de los actos administrativos correspondientes o siendo parte de los nuevos contratos de concesión que se celebren. Asimismo, estamos ante la oportunidad de que las provincias que aún no forman parte del capital de las sociedades concesionarias puedan integrarse a ellas y así participar de la renta que generan, receptando su reclamo histórico.

Sin embargo, la displicencia se extiende al poder legislativo que no parece tener en agenda este tema, sin perjuicio de algunos proyectos de ley aislados y con poco eco institucional. Lo curioso de esto es que parece existir un cierto consenso sobre la reversión de los complejos entre los cuadros técnicos de los partidos políticos históricos de nuestro país (PJ y UCR). 

Cuando Argentina convirtió el sector eléctrico declaró como servicio público el transporte y la distribución de electricidad conservando así su titularidad, pero la actividad de generación fue declarada de interés público y los activos de generación fueron vendidos como un pródigo vende las joyas de su abuela. Las últimas joyas del arcón de nuestros abuelos esperan que decidamos su destino. 

Creo que lo correcto es que los complejos vuelvan a ser administrados por el Estado nacional en asociación con los Estados provinciales, adoptando un sentido estratégico en línea con los países que recuperan el control de sus recursos energéticos independientemente de la ideología de sus gobiernos, como México o Francia.

Nuestros abuelos, literalmente, hicieron un enorme esfuerzo para construir infraestructuras formidables de las que tenemos que estar orgullosos, saquémosle lustre y cuidemoslas para las próximas generaciones.

 

 

(*) Abogado y escribano de la Universidad Nacional de La Plata. Especialista en estructura jurídico económica de la regulación energética de la Universidad de Buenos Aires. Magíster en Derecho Tributario de la Universidad Austral.

 

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