Se trata de una de las normas nacionales más relevantes en materia ambiental que tiene como finalidad la protección del ecosistema y mitigar la deforestación. Conocé cuáles son sus lineamientos.
Un 28 de noviembre de 2007, luego de una importante participación ciudadana, el Congreso Nacional aprobó la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Ley N° 26.331) en miras de regular, proteger, conservar, restaurar y ejercer un manejo sostenible de los ecosistemas forestales naturales, la flora, la fauna y el medio que los rodea.
La norma se sancionó en un contexto de crisis forestal, en el que Argentina se encontraba frente a desafíos ambientales alarmantes producto de la pérdida acelerada de los bosques nativos debido a la deforestación indiscriminada. Dicha actividad ocasiona a futuro un daño irreparable para las generaciones futuras, ya que los bosques desempeñan un papel crítico en la producción de oxígeno, actúan como reguladores de la temperatura y el cambio climático a partir de su capacidad para absorber dióxido de carbono, ayudan a prevenir inundaciones reteniendo el exceso de agua durante las lluvias, y entre otras funciones, son hogar de una innumerable diversidad de flora y fauna.
Entre sus aspectos fundamentales, la legislación ordena a las jurisdicciones a realizar un Ordenamiento de los Bosques Nativos existentes en su territorio y encuadrar cada uno dentro de una de las zonas de conservación, clasificándolas en tres grupos:
Categoría I (rojo) referida a sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse debido a la ubicación de reservas, presencia de valores biológicos sobresalientes y la protección de cuencas. Estos sectores pueden ser hábitat de comunidades indígenas y ser objeto de investigación.
Categoría II (amarillo) de mediano valor de conservacion que pueden estar degradados, pero que a raiz de la restauración pueden tener un alto valor de conservacion. Dicho sector puede ser utilizado para el aprovechamiento sostenible, turismo e investigación científica.
Categoría III (verde) sectores de bajo valor de conservación que pueden transformarse total o parcialmente siempre respetando los criterios de la ley.
A lo largo de su cuerpo normativo, la norma establece que no podrán autorizarse desmontes de bosques nativos en las categorías rojas y amarillas, prohíbe expresamente la quema a cielo abierto de residuos derivados de desmontes, menciona que toda actividad que se realice deberá respetar los derechos de las comunidad originarias que tradicionalmente ocupan las tierras, y en los supuestos que se autorice desmontes se deberá llevar a cabo la correspondiente evaluación de impacto ambiental.
Desde su sanción, la tasa anual de deforestación en nuestro país obtuvo una disminución progresiva que se observó durante sus primeros años. Sin embargo, los reiterados incendios forestales, la manipulación de los bosques para el uso de la agricultura y el crecimiento urbano generaron un aumento importante de desmonte en los principales pulmones verdes del país. Tal es así, que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible elaboró un informe que indica que entre 1998 y 2018 se perdieron 6,5 millones de hectáreas de bosques nativos en Argentina, y el 43% de la totalidad ocurrió luego de la sanción de la Ley de Bosques.
A su vez, la norma creó el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de Bosques Nativos, con el objetivo de compensar a las jurisdicciones que conservan los ecosistemas forestales, el cual estará integrado por partidas presupuestarias que seran anualmente asignadas, las cuales no podrán ser inferiores al 0,3% del presupuesto nacional. Pese a ello, el proyecto de ley del Presupuesto General del 2024 le destinará al Fondo un poco más de 15 mil millones de pesos, representando solo el 7,3% de lo que corresponde por ley.
Luego de 16 años de la sanción de la Ley de Bosque Nativos, la política nacional continúa arrastrando una deuda pendiente con el ambiente. La escasa aplicación de la Ley 26.331 denotará un deterioro de nuestros ecosistemas, la pérdida de la biodiversidad y un alto impacto del cambio climático, los que resultan signos alarmantes que no se deben ignorar ya que el costo puede ser demasiado alto.
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