- martes 30 de abril del 2024
A las 10 am del martes se realizará dentro de la Comisión de Derechos Humanos la exposición llevada a cabo por Madres y Abuelas de Plaza de Mayo junto a otros organismos de DDHH. Se propone penalizar a quienes nieguen, minimicen gravemente o justificar el terrorismo de Estado, el genocidio, las desapariciones forzadas o la represión ilegal.
Los proyectos de Ley que penalizan el negacionismo de la dictadura cívico-militar se debatirán este martes a las 10 hs. en la Comisión de Derechos Humanos, presidida por el legislador Hugo Yasky, con la idea de “avanzar en un consenso entre los bloques parlamentarios para tener un texto unificado".
Entre los proyectos, existen diferencias entre aquellos que proponen la penalización de las manifestaciones negacionistas realizadas por cualquier persona de aquellos que solo lo hacen con relación a las manifestaciones negacionistas efectuadas por funcionarios públicos y/o candidatos a cargos públicos electivos.
Entre los segundos, el proyecto presentado por Organismos de Derechos Humanos buscan la creación de una Formación Obligatoria en Derechos Humanos (con énfasis en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia) para funcionarios/as y empleados/as de los tres poderes del Estado. La capacitación está dirigida a aquellas personas que ocupen cargos, “ya sea en forma permanente o transitoria, que hayan accedido por elección popular, designación directa, por concurso o cualquier otro medio”.
Además, se incorpora la penalización de 5 a 10 años para ejercer cargos públicos a quien públicamente niegue, minimice, justifique, legitime o reivindique los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado en nuestro país.
“Lamentablemente aún existe un grupo minúsculo de personas que niegan el terrorismo de Estado, o mucho peor, que hacen apología del mismo", declara el proyecto presentado por organismos de DDHH-, o de quienes están condenados judicialmente por ser sus ejecutores y/o responsables”.
Los organismos de Derechos Humanos presentaron también su proyecto junto con el aval de la Secretaría de la Nación. Entre las organizaciones se cuentan: Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos por Razones Políticas, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, Asociación Buena Memoria, Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares y Compañeros de los 12 de Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.
Por otro lado, también se pondrán en tratamiento los textos presentados por otros Diputados nacionales. Entre ellos, los de Estela Hernández, Eduardo Fernández, Gisela Marziotta, Blanca Osuna, Carolina Moisés, Hugo Yasky y Carolina Gaillard.
La diputada Mónica Litza, por su parte, presentó una iniciativa para crear un Observatorio para la Convivencia Democrática. Ese Observatorio tendrá entre sus funciones:
• Diseñar programas de estudio, charlas, cursos, seminarios, y cualquier otra acción académica con el objetivo de mitigar los discursos de odio, violencia e intolerancia, como así también promover la concordia y la convivencia política.
• Proponer a los Poderes Públicos acciones en el mismo sentido.
• Convocar a las personas que hayan cometido los delitos enmarcados en el segundo y tercer párrafo del artículo 213 del Código Penal para capacitarlos en materia de Derechos Humanos, a fin de que ejerzan su libertad de expresión sin incurrir en los delitos.
• Describir y analizar los efectos del desarrollo de las TIC en el sistema político e institucional, con especial énfasis en: discursos del odio, negacionismo, terrorismo de Estado, genocidio y crímenes de lesa humanidad.
• Dictar su propio reglamento.
El proyecto de ley dispone también modificar el título del Capítulo VI, del Título VIII del Libro Segundo del Código Penal, quedando de la siguiente forma: “Capítulo VI. Negacionismo de los crímenes del Terrorismo de Estado y los genocidios”.
Allí se imponen las penalidades para personas ocupantes de cargos públicos. “Será reprimido con inhabilitación absoluta de cindo a diez años para ejercer cargos públicos el funcionario/a público/a que públicamente negara, minimizara, ustificara, legitimara o reivindicara los crímenes de lesa humanidad coetidos por el terrorismo de Estado en nuesrto país; y/o los genocidios reconocidos por el Estado argentino”.
De esta forma la penalidad también deniega ser precandidato en elecciones primarias o generales a cargos públicos electivos.
Por útlimo el proyecto presentado por los organismos de Derechos Humanos contempla a la fuerza pública: “El/ la miembro de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad o del Servicio Penitenciario que, en ejercicio de sus funciones, públicamente negara, minimizara, justificara, legitimara o reivindicara los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado (...) incurrirá en falta grave dando lugar a la sanción disciplinaria pertinente según el ´regimen correspondiente”.
Entre las personas oradoras el próximo martes en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados se encuentran Estela de Carlotto (Abuelas de Plaza de Mayo) Taty Almeida (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora), Charly Pisoni (HIJOS), Eduardo Tavani (APDH), Luis María Bornes ( Mov. Ecuménico) y Mabel Careaga (Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz).
