- martes 10 de septiembre del 2024
Los ministros respondieron a las acusaciones en su contra. Destacaron que hubo irregularidades en el proceso y señalaron que se los pretende enjuiciar por el contenido de sus sentencias. Conocé los argumentos de cada uno.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, y el vicepresidente del Máximo Tribunal, Carlos Rosenkrantz, respondieron este jueves, a título personal, los traslados cursados por la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados en el marco del proceso que lleva adelante contra los cuatro integrantes del Máximo Tribunal.
En su presentación, Rosatti destacó que durante el proceso el Tribunal contestó a cada uno de los requerimientos y resaltó que todos los funcionarios y empleados citados a declarar como testigos cumplieron su deber legal. También, detalló los vicios en el procedimiento llevado adelante por la Comisión. “Hechos y pruebas se encuentran disociados, resultando imposible determinar cuáles son las pruebas con las que se pretende acreditar cada uno de los hechos”, remarcó.
Luego, dio respuesta a cada uno de los cargos formulados en su contra: causal “Consejo de la Magistratura”, causal “Coparticipación” y causal “Beneficios a Genocidas (fallos: Highton-Schiffrin-Muiña)”.
“Los cargos formulados evidencian, por un lado, que se está enjuiciando a los miembros de esta Corte por el contenido de sentencias que no satisfacen los deseos de algunos integrantes de la Comisión y, por el otro, que con ello se pretende condicionar futuras decisiones del Tribunal en causas actualmente en trámite”, remarcó.
Por su parte, Carlos Rosenkrantz expresó en su descargo que el juicio político es un mecanismo de control destinado a fortalecer la República, pero que nunca debería ser empleado para socavarla.
“Lo que está en juego no es menor. Y no tiene que ver exclusivamente con mi permanencia en la Corte como uno de sus magistrados. Tiene que ver con el funcionamiento del sistema republicano. Pues este procedimiento apunta, en definitiva, a condicionar o, en última instancia, a remover a los jueces cuyas sentencias no satisfacen los deseos de una circunstancial mayoría parlamentaria”, enfatizó.
El ministro también consideró que hubo irregularidades en la tramitación del juicio político. Luego de responder cada uno de los cargos en su contra, concluyó: “Los esfuerzos que, desde hace cuarenta años, el pueblo argentino viene llevando adelante para reconstruir instituciones democráticas y republicanas sólidas y perdurables se ven seriamente perjudicados por intentos como el representado por este procedimiento”.
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