- martes 30 de abril del 2024
Así lo dispuso el Gobierno Nacional para recopilar denuncias de "abuso de autoridad, hostigamiento, persecución y demás casos de violencia institucional cometidos por la fuerza policial". Además le presentará un informe al Congreso y a la Corte Suprema.
El Gobierno Nacional publicó el Decreto N°435/2023 en el Boletín Oficial, donde crea la Comisión de Recepción y Análisis de Denuncias sobre Violencia Institucional en la Provincia de Jujuy, integrada por un mínimo de 5 y máximo de 7 representantes ad honorem.
La decisión tendrá 60 días de corrido para elevar el Informe al Congreso de la Nación y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con recomendaciones referidas a cumplimentar las obligaciones asumidas por el Estado en los Tratados y Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos. Los organismos internacionales de Derechos Humanos están invitados a designar miembros para oficiar de veedores del Informe.
El decreto se apoya en las normativas tendientes a proteger a pueblos indígenas y originarios. En primer lugar cita el artículo 75 de la Constitución Nacional, para reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos y asegura su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten”. También reconoce la adhesión de nuestro país a Tratados internacionales.
Firmada por el Jefe de Gabinete Agustín Rossi y el Ministro de Justicia Martín Soria, la norma también recata la Ley N° 24.071 donde se establece el “deber de los gobiernos de consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlos directamente”.
Entre los objetivos que tendrá la Comisión creada por el Gobierno Nacional se encuentran:
-Receptar las denuncias de abuso de autoridad, hostigamiento, persecución y demás casos de violencia institucional cometidos por la fuerza policial provincial contra manifestantes durante y después de la protesta contra la reforma constitucional de la Provincia de Jujuy.
-Recopilar las observaciones formuladas por los organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ), relativas a la actuación de la fuerza policial provincial durante las protestas llevadas a cabo por las diversas organizaciones sociales, sindicales, comunidades indígenas y demás ciudadanos.
-Elaborar un Informe que será puesto en conocimiento del Congreso de la Nación y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conjuntamente con las recomendaciones que aseguren el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado Nacional en los Tratados y Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos.
En la reunión mantenida entre representantes del llamado Tercer Malón de la Paz con el Ministro de Justicia, el Secretario de Derechos Humanos y el titular del INAI, se debatieron medidas y acciones concretas. Las autoridades representativas de los pueblos indígenas de Jujuy agrupados en el Tercer Malón de la Paz, plantearon que “la reforma de la constitución provincial no habría cumplido con la debida consulta a los pueblos indígenas, de acuerdo con los estándares interamericanos e internacionales y que durante el ejercicio de la protesta se le han violado derechos fundamentales, denunciando al mismo tiempo hostigamiento y persecución por parte de la fuerza pública provincial”.
