• martes 07 de diciembre del 2021
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Admiten tramitar un proceso colectivo contra el recorte en fondos para niñas y niños en situación de vulnerabilidad

Lo inició una ONG y la Justicia Contencioso Administrativo Federal ordenó inscribirla.

El juez subrogante del Juzgado Contencioso Administrativo Federal n° 10, Esteban Furnari, aceptó tramitar un proceso colectivo iniciado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) contra la reasignación de fondos que originariamente estaban destinados a programas para niños y niñas en condiciones de vulnerabilidad. 

Desde la ONG señalaron que demandaron al Estado Nacional "por la inconstitucional reasignación de partidas asignadas a la primera infancia en situación de vulnerabilidad". Añadieron que "durante 2018, el Poder Ejecutivo redujo discrecional y arbitrariamente recursos asignados por el Congreso a Espacios de Primera Infancia, espacios de cuidado y abordaje integral de niñas y niños de 45 días a 4 años de edad, pese a que la Ley de Protección integral 26.061 establece de manera terminante la intangibilidad de los recursos afectados a políticas destinadas a garantizar los derechos de la infancia y la absoluta prioridad de este grupo en la asignación de recursos públicos".

La acción judicial, dirigida contra el Ministerio de Hacienda, busca la restitución al Programa 47 de "Promoción y Asistencia a Espacios de Primera Infancia" de los fondos reasignados durante el ejercicio presupuestario 2018 y, en caso de que se subejecuten, se mantenga la asignación específica para su ejecución durante el ejercicio 2019. Asimismo, solicitiaron la creación de un mecanismo de monitoreo y fiscalización de la ejecución de los fondos que sean reafectados y de los que se asignen al programa".

Además, pidieron que se declaren inconstitucionales a aquellas decisiones ministeriales que recortaron los fondos destinados a programas de infancia en condición de vulnerabilidad, como también, de aquellas que pretenden delegar atribuciones legislativas en la Ministra de Salud y Desarrollo Social de la Nación como también en otras autoridades del Poder Ejecutivo.

En este contexto, cabe recordar que casi la mitad de las niñas y niños de nuestro país vive en situación de pobreza y según los últimos datos oficiales, apenas el 32% de las niñas y niños menores de 4 años, acceden a algún tipo de oferta institucional de crianza, enseñanza y cuidado.

Frente a ello, "un adecuado tratamiento en esa etapa de la vida es crucial para el desarrollo posterior, por lo cual es fundamental que el Estado asegure los recursos destinados a mejorar las condiciones de vida de niñas y niños en situación de vulnerabilidad", señalaron desde ACIJ.

Accedé al fallo que certifica la acción

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