• martes 16 de abril del 2024
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Derecho de consumo y la competencia de los Juzgados de Paz

La Cámara de Apelación de La Plata resolvió en favor de la posibilidad de ejercer la defensa de los derechos de los consumidores por ante la Justicia de Paz Letrada, en tanto se trate del domicilio más cercano y cuentan con competencia en la materia

En un caso en el que se inició un proceso en la Justicia de Paz Letrada de Lobos y luego se recondujo a través de un proceso sumario en un Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial, la Cámara Segunda de Apelación de La Plata resolvió la competencia en función del efectivo acceso a la justicia por parte del consumidor, resolviendo la competencia en función de su domicilio más cercano.

El Banco de la Provincia de Buenos Aires, inició un juicio de cobro ejecutivo al que el Juzgado de Primera Instancia le otorga el carácter de sumario, pero rechaza el planteo de competencia formulado contra la Justicia de Paz de Lobos, por entender que se trata de una relación de consumo y que la Justicia de Paz Letrada cuenta con competencia material.

Al arribar el expediente a la Cámara, el Fiscal dictamina que, habiendo sido reconducidas las actuaciones a través de un proceso sumario, la cuestión excede la competencia material del Juzgado de Paz y corresponde que las actuaciones tramiten ante el Juzgado Civil y Comercial, sin perjuicio de considerar que el efectivo acceso a la justicia por parte del consumidor se vería facilitado, si tuviera la posibilidad de ejercer su defensa por ante la Justicia de Paz Letrada.

La Cámara, en primer lugar, deja sentado que no se encuentra cuestionada en estas actuaciones la existencia de una relación de consumo entre las partes y la aplicación de la ley de defensa del consumidor, sino el órgano al cual le corresponde conocer en las presentes actuaciones.

En cuanto a la competencia de los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, el Tribunal sostiene que su capacidad se encuentra delimitada por la ley orgánica del Poder Judicial (Ley 5827), cuyo artículo 50 establece que “ejercerán su jurisdicción en todas las causas de las materias civil, comercial y rural de orden voluntario o contradictorio, con excepción de las que corresponden a los juzgados de familia, de menores y de paz

A ello se agrega que la Ley 13.133, que establece las bases legales para la defensa del consumidor y del usuario, dice que “serán competentes para resolver las controversias derivadas por las relaciones de consumo los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial o los Juzgados de Paz Letrados”.

Sentado ello, y con cita de un voto del ex Juez de la Suprema Corte de Lazari, se sostiene que tanto la Constitución Nacional como la Provincial disponen para la materia de consumo que la legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos; allí está el fundamento, la plataforma, el cimiento sobre el que descansan las soluciones especiales contempladas para este tipo de relaciones, y su validez y plena oponibilidad aún frente a la existencia de normativa procesal y sustancial diversa que contenga criterios opuestos.

Luego de ello, se refiere a la normativa nacional, que por el artículo 36, incorporado por la modificación de la modificación de la Ley 26.361 a la Ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240), se regula que en las operaciones financieras para consumo y en las de crédito para el consumo -como la que acontece en la especie- será competente para entender en el conocimiento de los litigios, siendo nulo cualquier pacto en contrario, el tribunal correspondiente  el domicilio real del consumidor.

Ahora bien, se plantea en la sentencia que el caso presenta una particularidad,  por un lado el Juzgado de Paz letrado de Lobos posee competencia en razón del domicilio real del consumidor demandado, ya que se trata de un proceso de consumo; mientras que por otro lado, ese Juzgado carece de competencia en razón de la materia -ante el cambio de objeto que sufrió el proceso-, conforme lo prescripto por la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La Cámara resuelve la cuestión en favor del derecho de defensa del consumidor, que “sería retaceado si se propiciara que deba tener que acudir a hacer valer sus derechos a una sede jurisdiccional alejada a su domicilio, afirmando que al tratarse de una especie del género derechos humanos, “la garantía de asegurar al consumidor el acceso a la justicia de manera fácil y eficaz, como una exigencia de orden público, otorga absoluta prelación a este derecho constitucionalmente protegido de modo expreso, por encima del que proviene simplemente del derecho común”.


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