Lo hizo tras los extendidos cortes de electricidad que afectaron a miles de usuarios.
Este lunes, en una breve conferencia de prensa, el ministro de Economía anunció que el gobierno decidió intervenir la Empresa Distribuidora de Energía Sur S.A (EDESUR), a través del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).
Acompañado por la secretaria de Energía, Flavia Royón; el interventor en el ENRE, Walter Martello; y el secretario Legal y Administrativo, Ricardo Casal, explicó que la decisión está basada en los reiterados cortes de luz que, durante una histórica ola de calor, sufrieron los vecinos que viven en los territorios comprendidos en la concesión otorgada a dicha compañía. La cual se conforma por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y alberga más de dos millones de hogares.
Ejemplificando sus consecuencias, señaló que muchos comerciantes debieron tirar sus mercaderías, así como la falta de luz en los hogares, la falta de agua por la falta de luz y el compromiso generado en los derechos que asisten a las personas electrodependientes.
Asimismo, puso de manifiesto la incertidumbre que se ha generado tras el anuncio sobre la venta de los activos por parte de ENEL (empresa multinacional productora y distribuidora de energía eléctrica y de gas, que se constituye como la controlante mayoritaria de EDESUR).
Destacó la falta de cumplimiento en tareas de mantenimiento y de servicio constatadas a raíz del “plan verano”, el cual versa sobre un pedido de información que el ENRE hizo -tanto a EDESUR como a EDENOR- para conocer las características de la prestación del servicio durante el periodo de verano, comprendido en 2022 y 2023.
La intervención se formalizó este martes con la publicación de la Resolución 307/2023 que así la dispuso por 180 días y que designó a Jorge Ferraresi como interventor, con la tarea fiscalizar, controlar y monitorear la ejecución de las obras para la mejora del servicio.
Además, la norma recordó la denuncia penal del ENRE formulada por abandono de persona y administración fraudulenta en contra de EDESUR.
Por último, la resolución indica que, la intervención, no afecta los términos del contrato de concesión ni la nuda propiedad de los accionistas. De tal modo, el Estado -llevando adelante dicha medida- fiscaliza su cumplimiento, ya que en definitiva él es el principal garante y responsable de la prestación del servicio.