- viernes 18 de abril del 2025
La decisión del juez Gallardo refiere que las tareas de seguridad alrededor de la casa de la Vicepresidenta son competencia de las fuerzas federales y no de la policía de la Ciudad de Buenos Aires.
El titular del Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Nº2 de la Ciudad de Buenos Aires, Roberto Andrés Gallardo, hizo lugar a una medida cautelar y ordenó al Gobierno de la Ciudad que deje de ejecutar operatorias policiales de forma directa o indirectamente vinculadas con la custodia de la persona, familia y/o domicilio de Cristina Fernández de Kirchner.
Para el magistrado, las tareas de seguridad alrededor del domicilio de la vicepresidenta es competencia de las fuerzas federales y no de la policía porteña.
La acción originalmente fue iniciada por el dirigente social, Juan Grabois, a las que luego se le sumaron tres causas iniciadas por legisladores del Frente de Todos a nivel nacional y local. Las primera iniciada por la diputada porteña, Ofelia Fernández; la segunda, por la diputada porteña Claudia Neira y el diputado Claudio Ferreño; y la tercera, iniciada por Paula Penacca, Mariano Recalde, Javier Andrade, Franco Vitali y Juan Pablo Modarelli, legisladores nacionales y locales de la misma fuerza política.
Según detalla la presentación, la cautelar se enmarca en "la persecución política de la que es víctima la actual vicepresidente Dra. Cristina Fernández de Kirchner (donde) grandes sectores de la población se han empezado a manifestar en forma pacífica en distintas plazas y parques de todo el país”.
Además, expresaron que "desde el martes pasado diversos militantes del Frente de Todos se habían apersonado en el domicilio de la vicepresidenta ubicado en la intersección de las calles Juncal y Paraná de la Ciudad de Buenos Aires, para demostrarle su apoyo y afecto, que todas esas manifestaciones habían sido pacíficas y se desarrollaron sin incidentes".
Para el día sábado pasado, se encontraba programada una nueva manifestación en apoyo a la vicepresidenta en el Parque Lezama, que finalmente se dirigió a las inmediaciones del domicilio de Cristina Fernández con motivo de la colocación de vallas policiales por las fuerzas de seguridad porteñas.
En la presentación también se denunció que el operativo policial tuvo intervención de personal de infantería que utilizó "tonfas y gases lacrimógenos, implantación de personal que filmó a manifestantes, y represión con carros hidrantes”. Además, denunciaron que “se han realizado tareas de espionaje ilegal durante el operativo a cargo de agentes policiales que filmaron a las y los manifestantes del lugar”, en violación a la Ley n° 25.520 de Inteligencia Nacional.
A la hora de analizar el planteo, el magistrado adelantó que: "...infelizmente, el tema se ha judicializado porque no parecerían existir diálogos fértiles sino imputaciones altisonantes que nos pondrían frente a un peligroso cauce de escaladas simétricas. La democracia no debe sucumbir frente a las tentaciones de la violencia represiva alentada por aquellos sectores que promueven la prevalencia de la facticidad por sobre la legalidad".
Luego de analizar las leyes 24.588 que garantiza los intereses del Estado Nacional en la ciudad de Buenos Aires, las leyes locales que regulan la competencia en seguridad de la Ciudad y las resoluciones de las fuerzas de seguridad federales, el magistrado concluyó que "la seguridad de la Señora Vice Presidenta está a cargo de las fuerzas federales y la seguridad de los barrios porteños a cargo de la Policía local".
Para el magistrado, "las movilizaciones y manifestaciones que se han verificado en días pasados -y que dieron origen a la represión por parte de las fuerzas locales- no tienen otro objeto que expresar ideas frente al domicilio de la Vice Presidenta y en relación estrictamente a ella. No importa si las marchas son a favor o en contra de la Señora Cristina Kirchner, sino lo que cuenta, es que son expresiones por o para ella y que impactan en su esfera personal, familiar y social".
De esa forma, criticó que policial local haya efectuado una serie de medidas que prima facie invaden las competencias federales en tanto se inmiscuyen en las estrategias, planificación y operaciones de seguridad de la Señora Cristina Fernández de Kirchner, controlando el acceso domiciliario y ejerciendo labor perimetral de seguridad.
El magistrado refirió que no se encuentra en discusión que la Policía de la Ciudad puede continuar velando por la seguridad y los bienes de los ciudadanos en todo el territorio de la Ciudad, incluso en el perímetro circundante al domicilio de la Vicepresidenta, pero aclaró:
"Lo que si debe particularizarse es que esa misión no puede entorpecer ni interferir en la seguridad presidencial o vicepresidencial que son prioridad del Estado Federal".
Así, destacó que son las fuerzas federales quienes ejercen la dirección y el comando único y exclusivo de esa misión, sin perjuicio de la colaboración que puedan solicitar a las fuerzas locales.
El magistrado dejó una aclaración final de lo que se resuelve en el amparo:
"Si se produjese un arrebato en el territorio en cuestión lindante con el domicilio de la Señora Kirchner o un robo en el kiosco de enfrente de su casa, obviamente esas situaciones corresponden a la policía local (sin perjuicio de que el proceder frente al delito atañe a cualquier efectivo cercano al hecho por imperativo legal). No sea cosa que se pretenda decir ahora que los vecinos de la Vice Presidenta quedarán sin protección policial y se los atemorice con esa opción. NO se trata de eso, sino de distinguir competencias específicas y de que las tareas en el territorio afectado mientras duren los eventos, se realicen en forma prolija".
Por último, Gallardo dispuso citar a una audiencia al Ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, y al Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, para el próximo miércoles 31 de agosto a las 11 hs.
