- martes 29 de abril del 2025
La Cámara de Apelaciones rechazó el planteo para remitir el expediente a los tribunales de Comodoro Py. Consideraron que existen razones de economía procesal como la proximidad a los hechos, el domicilio de las personas procesadas y el mayor grado de avance de la investigación que justifican que la causa continúe en el Fuero Federal de La Plata.
La Sala II de la Cámara Federal de La Plata, con voto unipersonal del juez Jorge Di Lorenzo, ratificó la decisión del juez Ernesto Kreplak en cuanto consideró que la causa del espionaje ilegal a sindicalistas -conocida como de la "Gestapo Sindical"- debe tramitar en los tribunales platenses y no en los de Comodoro Py, como solicitaron los ex funcionarios imputados.
La causa se inició a raíz de la presentación la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, a partir del hallazgo de un video donde se observa que el día 15 de junio de 2017 se mantuvo una reunión en la que habrían participado Julio Garro (actual intendente de La Plata), Marcelo Villegas (entonces Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires), Marcelo Jaworski (Director General de COPETRO), Adrián Grassi (ex Subsecretario de Justicia de la Provincia de Buenos Aires) y Roberto Gigante (ex Ministro de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires).
Lo que se investiga en este caso es si en ese encuentro se organizó una estrategia para impulsar una investigación en la que se logre el enjuiciamiento de personas vinculadas a la práctica sindical, más particularmente al sector de la construcción. Entre ellas, se habló del sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina, dirigente de la UOCRA platense.
En dicho marco, en abril pasado, el juez Kreplak procesó a los ex funcionarios del gobierno de Macri y agentes de inteligencia por los delitos de prevaricato y la violación al artículo 4° inc. 1° de la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520 vigente en ese momento.
Sin embargo, esta no fue la única causa iniciada a raíz de estos hechos. Los tribunales federales de Comodoro Py también tramitaron otra causa conexa, donde uno de los imputados -Juan Sebastián De Stéfano- presentó ante un pedido de inhibitoria contra el juez platense, que fue aceptado por el titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 8, Marcelo Martínez de Giorgi.
Ahora el asunto recaló en la Sala II de la Cámara Federal de La Plata, que ratificó al magistrado Kreplak al frente de la investigación.
Para el juez Jorge Di Lorenzo, los hechos que se investigan se habrían cometido tanto en la ciudad de Quilmes, La Plata, Ensenada, como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Así señaló que se habría cometido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al menos, una parte del delito del art. 43 ter de la Ley de Inteligencia; en Quilmes y La Plata lo vinculado más directamente con el supuesto prevaricato, y en Ensenada también las tareas de inteligencia ilegal llevadas a cabo por algunos funcionarios de la AFI.
Por ello acudió a cuestiones de economía procesal para definir que la competencia le correspondía a la Justicia Federal de La Plata, en aras de aras de “favorecer, junto con el buen servicio de la justicia, la defensa de los imputados”.
En ese sentido, aclaró que es allí donde se encuentran los domicilios de la mayoría de las partes, el mayor grado de desarrollo y avance de la investigación, y la mayor proximidad con la prueba que deriva de una mayor proximidad con los hechos.
