• martes 16 de agosto del 2022
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Aniversario del fallo Bussi: ¿Puede la Cámara de Diputados rechazar la incorporación de uno de sus miembros por motivos éticos?

Se cumplen 15 años de la conocida sentencia de la Corte Suprema

El 13 de julio de 2007, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó el fallo “Bussi” en el cual sostuvo que la Cámara de Diputados se excedió en los límites de su competencia al rechazar la asunción del diputado electo, Antonio Bussi, por motivos éticos y morales, dado que tuvo participación activa en la última dictadura cívico-militar. Así, es el pueblo quien debe valorar la idoneidad de un candidato, y no la Cámara.

Antonio Domingo Bussi, fue elegido como diputado nacional en la provincia de Tucumán el 24 de octubre de 1999, siendo proclamado oficialmente por la Junta Electoral de Tucumán ese mismo año. Sin embargo, al momento de asumir, la Cámara de Diputados, decidió no tomarle juramento y rechazar su diploma por inhabilidad moral por haber participado como funcionario del régimen de facto iniciado el 24 de marzo de 1976 y en las violaciones a los derechos humanos ocurridas en ese período, lo que derivó en que su suplente Roberto Lix Klett, ocupe su cargo.

Para tomar dicha decisión la Cámara Baja tomó en cuenta el artículo 64 de la Constitución Nacional, que establece que “cada Cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez”. 

Por su parte, Bussi expresó que no podía ser rechazado por cuestiones éticas y políticas, ni exigírsele más requisitos de los que impone la Constitución Nacional, y que, además, para ser expulsado, primero debía ser incorporado a la Cámara. En consecuencia, interpuso una acción de amparo.

No obstante, tanto la juez de primera instancia como la Cámara Nacional Electoral consideraron que era una cuestión ajena a su competencia ya que no era una cuestión justiciable, por tratarse de “un acto institucional emitido para asegurar la organización del Estado”.

Ante ello, el actor interpuso recurso extraordinario federal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la decisión de la Cámara, dando lugar a que esta misma revise la decisión. Así, la alzada terminó haciendo lugar al amparo interpuesto, pero contra esa decisión la Cámara de Diputados interpuso recurso extraordinario federal. Nuevamente el caso volvió a la Corte, dictando el pronunciamiento definitivo. 

Al momento de resolver, el Máximo Tribunal de la Nación entendió que la cuestión ya era abstracta, dado que el mandato ya había culminado. Sin embargo, la mayoría de los magistrados consideraron necesario pronunciarse sobre el tema planteado por dos aspectos: "El primero de ellos es el resguardo de la soberanía del pueblo y la expresión de su voluntad, que está claramente comprometida en el caso" y el segundo "se refiere a la posibilidad de repetición del acto".

La decisión mayoritaria destacó que "los jueces no pueden opinar sobre el modo en que se ejercitan las facultades de otros poderes, pero deben establecer sus límites". Y que, además, “en el presente caso no se discute la exigencia de idoneidad, sino precisar quién está facultado para valorar el cumplimiento de ese requisito”.

A su vez, se consignó que "el pueblo es la fuente originaria de la soberanía y el modo de ponerla en ejercicio es el voto de los ciudadanos a efectos de constituir directa o indirectamente a las autoridades de la Nación". En consecuencia "es misión de esta Corte fundamentar y proteger los consensos básicos para el funcionamiento de una sociedad en la que puedan convivir personas y grupos con opiniones diferentes".

Accedé al fallo                                                                                   

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