- viernes 29 de septiembre del 2023
A partir de este año será obligatoria la capacitación para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación
El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, mediante el dictado del Decreto Nº 363/2022 promulgó la Ley Nº 27.671 que establece la capacitación obligatoria, periódica y permanente en la “Cuestión de las Islas Malvinas” para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
En la norma aprobada el pasado 15 de junio, se aclara que a los fines de la ley, se entiende como la Cuestión de las Islas Malvinas a la situación colonial en la que se encuentran las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes, que son parte integrante del territorio argentino, y que desde 1833 son objeto de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido reconocida por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Así, el texto que la firma de Claudia Ledesma Abdala de Zamora, Sergio Massa, Marcelo Jorge Fuentes y Eduardo Cergnul, establece una serie de obligaciones a la autoridad de aplicación, dentro de las cuales se destacan las de establecer, dentro 90 días posteriores a la entrada en vigencia de la ley, los lineamientos generales destinados a las capacitaciones resultantes; la libre disponibilidad del material a usar en las capacitaciones; garantizar la participación del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los Espacios Marítimos e Insulares correspondientes (Ley Nº 27.558), las instituciones del sector académico y científico especializados en la materia, así como de la sociedad civil y sus organizaciones; certificar la calidad de las capacitaciones que elabore e implemente cada organismo; entre otras.
Además, se destaca que las máximas autoridades de los organismos dependientes de los tres poderes, con la colaboración de sus áreas u oficinas competentes, son responsables de garantizar la implementación de las capacitaciones, que comenzarán a impartirse dentro del año de la entrada en vigencia de la ley.
